EXPOSICIÓN DEL SENADOR NACIONAL POR NEUQUÉN, OSCAR ISIDRO JOSÉ PARRILLI, EN LA SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL DEL 17 DE MARZO DE 2022, DONDE SE TRATA LA “APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE FACILIDADES EXTENDIDAS A EFECTOS DE REFINANCIAR LA DEUDA EXISTENTE CON EL FMI CORRESPONDIENTE AL ACUERDO STAND BY, SUSCRIPTO EN EL AÑO 2018”

SUMARIO

1. Sentimiento personal 2
2. Verdad relativa 2
3. Lograron su objetivo y dominarán más tranquilos 3
4. Historia de la Deuda en la Argentina 3
5. Formación de activos externos y el FMI en 2018 6
6. Medida del Blanqueo de Capitales: Ley 27.260 9
7. Detalle de movimientos de Fuga de Capitales 10
8. …y al final llegamos al FMI 12
9. Los Plazos de devolución del Crédito de Macri 14
10. ¿Qué es el FMI y su relación con Argentina? 17
11. Tierra arrasada, pandemia e inicio de las negociaciones 20
12. El FMI y otros países 21
13. Conversaciones y debates con funcionarios del Poder Ejecutivo 31
14. Perdida de reservas del Banco Central 40
15. Reestructuración o refinanciación 42
16. Acuerdo FMI — Argentina: ¿Ultra Vires? 44
17. Informe EX POST del FMI — Diciembre 2021 46
18. DEFAULT O ARREAS: ¿Qué sucede ante el no pago al FMI? 52
19. La negociación: inexperiencia, ingenuidad o debilidad 53
20. Los memorando suscriptos 54
21. FINAL — Sincericidio 67

1.- Sentimiento personal

En diciembre de 2019, cuando asumí como Senador Nacional, expresé que sentía un raro sentimiento por verla a Ud. Presidiendo el Senado de la Nación como Vicepresidenta de la Argentina, y yo como senador nacional por mi provincia, Neuquén.

Era raro y especial lo que sentía, porque veníamos de 4 años de difamaciones, agravios, persecuciones judiciales, espionajes, etc., etc.

Ahora estábamos nuevamente iniciando un período con la responsabilidad de volver a darle respuestas a nuestro pueblo, luego de lo que fue la tierra arrasada que nos habían dejado.

No voy a hacer un balance de estos más de dos años de gestión pero quiero decir, simplemente, que no tengo ninguna satisfacción ni alegría por lo que expresaré a continuación. No es un buen día para mí; y seguro para muchos de mis compañeros será una de las jornadas que quisiéramos que nunca hubiera ocurrido.

2.- Verdad relativa

Como decía Néstor, todos tenemos una verdad relativa en la que creemos y a la cual defendemos. En mi historia política he tenido aciertos y errores. Algunos los he podido remendar.

Siendo Diputado Nacional, de 1987 a 1991, apoyé la ley de jubilación privada (la que dio ingreso a las famosas AFJP) con la estafa que significó para los trabajadores y el pueblo argentino ese sistema. Lo hice porque creí en ello, no me presionaron ni tuve otro interés que legislar con convicción. Pero me equivoqué.

Hoy me siento orgulloso de haber formado parte de los Gobiernos de Néstor y Cristina, y que durante su mandato, en el 2008, tuve la oportunidad de remediar y corregir ese gravísimo error. Derogamos esas leyes y creamos lo que hoy es el Sistema integrado de Jubilaciones y Pensiones de mayor cobertura previsional de América Latina.

¿A qué viene todo esto? preguntarán ustedes, bueno, a que simplemente no quiero volver a equivocarme, votando lo que por comprensión histórica, convicción política y responsabilidad institucional, creo que es el mayor error que está cometiendo nuestro gobierno.

3.- Lograron su objetivo y dominarán más tranquilos

Estamos nuevamente ante una Argentina de rodillas, sometida a las extorsiones y presiones del FMI, y esto no fue obra de la naturaleza ni de un hecho divino. Hoy hay dirigentes políticos que festejan este acuerdo, empezando por Macri, Sturzenegger, Prat-Gay, Caputo, Marcos Peña, Dujovne, Sandleris, etc. etc.

Hoy la mayoría de ellos están trabajando en los bancos y financieras que esquilmaron a la Argentina y que fueron los beneficiarios de la estafa del crédito del FMI.

Seguramente esta noche dormirán más tranquilos, porque este nuevo acuerdo les intenta lavar sus culpas, al igual que al Staff del FMI y sus 300 o 400 funcionarios que hoy verán que ya no se hablará más de su irresponsable y criminal decisión del año 2018, cuando avalaron con sus mentirosos e inventados informes la factibilidad del crédito.

Estos funcionarios, que cobran 400 a 500 mil dólares por año, que viajan en primera y se hospedan en fastuosos hoteles, cobran viáticos exorbitantes, no pagan impuestos a las ganancias, gracias a este acuerdo nos van a gobernar a los argentinos y a las argentinas por lo próximos diez años. Y nos quieren dar lecciones de “decencia, buena administración y eliminación de privilegios”.

Días pasados me razonaba un ex integrante del FMI que si estuvieran en una empresa privada ya los hubieran despedido por inútiles y mentirosos y que deberían jubilarse con los bonos de los países a los que ellos asesoran; y no del frondoso presupuesto de más de mil millones de dólares anuales que administran y que esquilman a los países deudores.

Según el “CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL”, y

para que “el Fondo pueda cumplir las funciones que le están atribuidas”, gozan de diversas condiciones de inmunidad jurídica, tributaria , impositiva, cambiaria y contable.

4.- Historia de la deuda en la argentina

A lo largo de nuestra historia, así como hubo gobiernos que endeudaron, hubo otros que se encargaron de desendeudar. Y aunque no les guste que se recuerde lo que sucedió antes, es bueno conocerlo para deslindar responsabilidades históricas.

La historia de las deudas odiosas de la Argentina se inicia en el año 1822 con el crédito que Rivadavia toma de la banca inglesa Baring Brothers, por un millón de libras esterlinas; y que luego de intereses anticipados, recupero de gastos, sobrecargos, comisiones, descuentos por cotización de bonos, gastos de viajes, quedó reducido a la mitad (552.700 libras), de las cuales casi 400 mil libras se quedaron en Inglaterra y fueron tomadas a cuenta de las utilidades de sus compañías, porque en la Argentina no había libras. Lo que hoy denominamos fuga de divisas.

Se hipotecó la Provincia de Bs As y el crédito lo terminó de pagar, 120 años después, el gobierno de Perón, abonando 23 millones 700 pesos fuertes.

Mitre Y Roca también tomaron importantes deudas, para financiar las guerras de la

“Conquista del Desierto” y de la Triple Alianza (o triple infamia) contra el Paraguay.

La otra gran estafa se produjo en 1933 en el Gobierno del Gral. Justo, con el pacto firmado por el Vicepresidente “Julito” Roca y el representante inglés, de apellido Runciman.

Por el pacto Roca-Runciman, el 85% de las exportaciones de carne argentina se debía realizar por frigoríficos Anglo-Yanquis, y sólo el 15 % por frigoríficos argentinos que no persigan propósitos de lucro. Se le dio libre importación al carbón inglés y otras manufacturas que competían con la incipiente Industria Argentina.

Además se le dio a la Argentina un crédito de 13 millones de libras esterlinas, de los cuales sólo se dispusieron de 3 millones y medio, porque los otros diez millones se destinaron a compensar las utilidades que la empresas inglesas “debían” remitir a su país. Eso constituyó una nueva y fenomenal fuga de capitales. Esta deuda también la canceló el Gral. Perón en el año 1952 con el pago de casi 13 millones de pesos moneda nacional.

El tercer gran hito de estas infames deudas fue en la década de 1990, con el famoso Plan Brady donde el Estado argentino dejó en manos de bancos privados extranjeros, la recopilación y administración de la deuda pública de nuestro país, según lo que los propios bancos acusaban.

El plan llevaba su nombre en referencia a su impulsor, el entonces Secretario del Tesoro de EEUU, Nicholas Brady, y consistió en el reconocimiento de todas las deudas, para las cuales se emitieron bonos que luego se utilizaron para las privatizaciones y otros terminaron en el default del 2002.

La 4Ta gran estafa de deuda y fuga de capitales fue la que suscribió Macri en 2018 Y que hoy estamos tratando; y que analizaré a continuación.

¿Quiénes fueron los gobiernos que desendeudaron a los argentinos? no muchos, se cuentan con los dedos de la mano, y no es opinión, son datos objetivos y reales.

Hipólito Irigoyen no se endeudó, tampoco el General Perón, en ninguna de sus dos presidencias, Illía en 1963 y Néstor y Cristina en sus respectivos mandatos.

Esa política de desendeudamiento no fue producto de un pensamiento “radicalizado” como algunos gustan llamar, sino el fruto de una política soberana, que fue acompañada por la mayoría de los países del mundo. Recordemos que el gobierno que usted presidió consiguió un histórico pronunciamiento de la ONU el 10 de septiembre de 2015.

Ese día, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó con 136 votos positivos, 41 abstenciones y 6 negativos, la resolución que limita el accionar de los fondos buitre a través de una serie de nueve principios que dan marco a un sistema legal global para los procesos de reestructuraciones de deuda soberana.

La resolución fue tomada por mayoría simple de votos, tras una discusión que se extendió por espacio de seis meses y que fue impulsada inicialmente por Argentina y el G77 más China.

La delegación argentina, encabezada por el canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía, Axel Kicillof, estuvo conformada por la embajadora en Estados Unidos, Cecilia Nahón; y la representante ante el organismo multilateral, María Cristina Perceval.

Los nueve principios que contiene la resolución son los de soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad, tratamiento equitativo, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración de la mayoría.

Lamentamos que este antecedente fundamental no haya sido tomado en cuenta para negociar este acuerdo que hoy discutimos, ni que haya sido motivo de aliento e inspiración para recurrir ante ese organismo para impulsar la revisión crítica del Stand By del año 2018.

Usted describió, ese día, ante los argentinos y argentinas, que:

“Es importante cumplir con los compatriotas, pero también es muy importante trasladar ese cumplimiento al mundo global. Hoy lo hemos hecho y, argentinos, debemos sentirnos orgullosos de lo que hoy hemos logrado. Valió la pena tanta discusión y debate; valió la pena dar el debate; valió la pena dar la pelea. Sí, pelea, muchas veces hay que pelear para defender los intereses, como peleas vos para que tu hijo pueda seguir estudiando; como peleas vos todos los días para seguir en el trabajo o para que te aumenten el sueldo o te mejoren las condiciones de vida. Porque esto también es parte de la vida: la lucha”.

5.- Formación de activos externos y el FMI en 2018

La formación de activos externos, también conocida como “fuga de capitales”, en lo que nos interesa al presente análisis, es un mecanismo legal que el gobierno de Cambiemos promocionó, brindando la liberación de restricciones cambiarias e incentivando a los capitales nacionales y -fundamentalmente- extranjeros, para que coloquen sus divisas en nuestro país para inversiones netamente financieras y especulativas; sin generar ni un solo puesto de trabajo, capacidad industrial, es decir, sin contribuir al crecimiento genuino del país.

Apenas iniciada la gestión de Cambiemos, el Poder Ejecutivo puso fin a las regulaciones cambiarias y controles de capitales existentes en la Argentina hasta ese momento. El 17 de diciembre de 2015, el gobierno aumentó el límite de compra mensual de 2.000 dólares a 2 millones para las personas físicas; y definió que todo nuevo ingreso de dólares del exterior tendría derecho a la libre salida por igual monto.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, cuya conducción estaba en manos de Alfonso Prat Gay, eliminó el encaje del 30% por un año -depósito obligatorio en dólares que debe mantenerse durante un determinado plazo y que sirve como herramienta de regulación al ingreso de capitales- cuando se ingresaran capitales del exterior, y a su vez redujo el requisito de permanencia de dichos fondos de 365 a 120 días (a través de la Resolución 3/2015 del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas). Luego, Nicolás Dujovne, mediante la Resolución 1-E/2017 del Ministerio de Hacienda, removió el plazo de permanencia mínimo para las inversiones de cartera.

Esto último, sumado a una tasa de interés récord, acabó por configurar un “casino” de operaciones financieras de corto plazo prácticamente sin parangón a nivel mundial. En este “casino” no había azar, sino que unos pocos sabían cómo estaban marcadas las cartas y en qué número iba a caer la bolilla de la ruleta. Los fondos con que se le pagaban a los pocos ganadores, los grandes fondos de capital estadounidenses y los amigos de Macri, salían del trabajo de los argentinos y las argentinas. Mientras la pobreza aumentaba y las fábricas se paraban unos pocos ganaban millones de dólares a partir de la bicicleta financiera y luego los fugaban.

Esta convirtió a la Argentina en el epicentro del ciclo de valorización financiera, endeudamiento y fuga de capitales, generando un daño excepcional a las arcas del Estado, distribución regresiva del ingreso y, en consecuencia, un desfinanciamiento y desarticulación del tejido productivo industrial.

El grueso de la fuga producto de la bicicleta financiera comenzó a principios del 2018, cuando los compromisos de pasivos por vencer ascendieron a 90.024 millones de dólares, casi cuatro veces más que lo proyectado a finales de 2015 para ese año. Esto provocó que en marzo los bancos y fondos de inversión que habían financiado a la

Argentina cerraran el grifo. A pesar de que el gobierno macrista le haya echado la culpa a la lira turca y la suba de las tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la desregulación cambiaria y de capitales de su gestión fue la culpable de la corrida cambiaria de abril que llevó al gobierno a volver al FMI. A partir de mayo la salida de capitales de Argentina fue estrepitosa.

Prueba de la situación estable y con un crecimiento en marcha recibida en diciembre de 2015 por el gobierno que usted culminó, fueron dos momentos explícitos reconocidos por el propio macrismo. Uno fue el sincericidio del ex ministro de economía Nicolas Dujovne, cuando junio de 2016 manifestó que no solo la Argentina estaba en una posición desendeudada en dólares de las mejores de toda su historia, sino también lo estaban las empresas y las familias argentinas en diciembre de 2015. Por otro lado, en la cumbre de la “Mini Davos” organizada por el Gobierno de Macri, en septiembre de 2016, se expresó en el documento “Argentina Tierra de Oportunidades”, la beneficiosa situación y robustez de la economía, que presentaba la Argentina. Allí expresaron que la relación deuda en dólares/PBI era del 13 % versus un promedio del 60% en toda Latinoamérica.

Las políticas de endeudamiento bajo legislación extranjera no dieron respiro, y ya en diciembre de 2015, emitieron títulos -por el litigio de los Fondos Buitre-, por 14.000 Millones de U$S, y fueron “récord de países colocando bonos soberanos, entre abril de 2016 y abril de 2018” (Fuente: pág. 13 informe BCRA Fuga).

Junto a la Nación, muchas de las provincias Argentinas, incluyendo en ellas a la provincia de Bs. As, acompañaron esos procesos acelerados de endeudamiento en moneda extranjera.

Esto último no debe quedar en segundo plano, ya que el gobierno nacional de Cambiemos también sometió a una dominancia a las provincias, alentándolas a endeudarse en dólares, transformado deudas en pesos a deudas en dólares, para ganancia de fondos especulativos y bancos, muchos de ellos ligados a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Este esquema de especulación y endeudamiento sin antecedentes en moneda extranjera tanto del gobierno nacional, provincial y también de las empresas privadas e incluso de muchas familias; alcanzó magnitudes inéditas, y las consecuencias de la valorización financiera derivaron en la aceleración de la salida de capitales al exterior. Hasta el ingreso en el default técnico del macrismo en el 2019, el endeudamiento externo público fue en promedio de 33.500 millones de dólares por año, entre 2016 y 2018, un nivel superior a la deuda pública contraída durante el período 1976 a 2001 e incluso al salvataje financiero de la crisis del 2002.

El 8/03/2016 subieron las tasas de intereses y las llevaron al 38%. Comenzó a incrementarse la especulación de capitales externos que traían sus dólares, los

depositaban a corto plazo en pesos con tasas inéditas en el mundo y luego, convertían y sacaban sus dólares con esas rentabilidades. Un negocio 100% rentable y seguro que no dejaba al país ninguna base para el desarrollo y crecimiento, todo lo contrario, luego había que disminuir las reservas del Banco central para venderles los dólares para que pudiesen, si así lo consideraban, retirarse con un rendimiento nunca visto en la historia mundial.

En Agosto de 2018, la BBC publicó: “Argentina sube la tasa de interés al 60%, la más alta del mundo y que casi triplica la de Venezuela”.

(https://www.bbc.com/mundo/noticias-45363180)

E incluso, según el Cronista: “Se dispara la tasa de Lebac y supera el 85% en el mercado secundario”

(https://www.cronista.com/finanzas-mercados/Se-dispara-la-tasa-de-Lebac-y-supera- el-85-en-el-mercado-secundario-20180830–0032.html)

Debido a que el Banco Central no imponía ninguna restricción a la entrada y salidas de capitales, Argentina quedaba muy permeable o dependiente a las decisiones de estos capitales especulativos, que de un momento a otro decidieron retirarse. Como decía nuestra querida María Elena Walsh, “vámonos a otros roperos a llenarlos de agujeros”. Y sin ton ni son, se retiraron y dejaron a la Argentina “patas para arriba” con la deuda en moneda extranjera generada en el corto plazo más rápida de la historia.

El informe del Banco Central titulado “Mercado de Cambios, deuda y formación de activos externos, 2015–2019” describe, en un gráfico, la situación de la evolución de las posiciones netas diarias de no residentes y cómo se le va dando la bienvenida al FMI:

Como se observa, en marzo de 2018, justo antes del momento del pedido de rescate al FMI, empezó a bajar la pendiente y comenzó la salida de capitales como se visualiza en el gráfico.

Podemos citar el día 25/03/2018, que fue récord de venta de reservas, el BCRA, vendió

1.500 Millones de U$S, siendo la mayor intervención diaria de su historia. (fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/dolar/los-seis-momentos-del-dolar-en-la-era- macri-del-fin-del-cepo-al-record-nid2110460/)

Es importante resaltar que no fue sólo un movimiento contable o económico de las sumas que ingresaron y luego se retiraron, sino que a los fondos que se retiraban hay que adicionarles la rentabilidad en dólares que inició en un 38% y llegó a más del 85%, que lógicamente debían salir de las reservas del Banco Central de la Argentina.

1. Medida del Blanqueo de capitales (ley 27.260)

El 22/07/2016 diseñaron el Blanqueo, en donde habilitaron a blanquear casi 120.000 Millones de U$S, con la posibilidad de dejar las divisas en el exterior. Recordemos que el Hermano de Macri (Gianfranco, habilitado por Decreto) blanqueó 36 Millones de U$S, Nicky Caputo, 27 Millones de U$S, el primo de Marcos Peña, más de 6 Millones de U$S, los hermanos de Clusellas (ex Secretario de Legal y Técnica), más de 20 Millones de U$S, etc.

Unos meses después, el 29/03/2017, con la excusa del supuesto apoyo al emprendedor, crearon las Offshore para la ocultación de las verdaderas maniobras: el lavado y la evasión, denominadas las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas), que generaban un vehículo, en gran parte para transparentar ese dinero sucio blanqueado, sin controles de legalidad y duramente criticadas por las organizaciones internacionales, la OCDE y el GAFI.

Además, el Blanqueo de capitales le ha generado a las arcas del estado un ingreso adicional de 10.000 Millones de Dólares que se sumó a la recaudación tributaria nacional.

En resumen, el blanqueo de capitales no exigiendo ni incentivando ninguna repatriación de divisas, permitió que, de los 120.000 Millones blanqueados, 95.000 Millones, blanqueados y radicados en el exterior, (80% del total) no hayan reingresado al país. Decimos reingresados porque para que quede claro, esa ganancia de 120.000 millones declarada por el blanqueo del año 2016, son ganancias obtenidas por las empresas y particulares en la Argentina en el período del 2003 al año 2015.

7) Detalle de movimientos de fuga de capitales

Como mencionamos, aún no se había dispuesto por el macrismo ninguna restricción cambiaria, con lo cual se podía seguir adquiriendo divisas, importación sin control ni límite. Tampoco regía prohibición alguna a la distribución de utilidades al exterior.

Aclaremos además que, como menciona el Informe del BCRA, desde el 01/07/17 la declaración de egresos de divisas era a mero título estadístico.

Otro dato ilustrativo, ahora de las sociedades: el informe del Banco Central que indicó que en los 4 años del macrismo la fuga total fue de 86.000 Millones de U$S, mostró que 800 empresas efectuaron compras netas por 41.000 Millones de U$S, divididas en el siguiente cuadro por tipo de actividad.

Por otra parte, detallaremos por montos y por actividad la fuga durante los 4 años del macrismo. El siguiente cuadro expone los montos de fuga de capitales para las actividades más significativas, no incluyendo los movimientos de importaciones y exportaciones, o sea, se refieren pura y exclusivamente a movimientos de fuga de capitales o formación de activos externos.

Rubro

Fuga entre 2015 y 2019 (en

Millones de U$S)

Electricidad

3.142

Petróleo y Gas

12.712

Telecomunicaciones

4.866

Sector Primario

8.020

Finanzas

4.718

Industria y alimentos

15.217

Servicios

1.265

TOTALES

49.940

Como se observa en el gráfico, para las actividades principales, la fuga o formación de activos externos alcanzó casi los 50.000 Millones de Dólares.

Resulta importante mencionar que en los montos descriptos en el reciente cuadro, se incluyen: los depósitos de residentes en el exterior, distribución de utilidades y dividendos, pago de intereses y otros servicios como pago de préstamos o títulos de deuda, principalmente; no integrando dichos montos a las transacciones referidas a las importaciones y/o exportaciones de bienes o materiales.

Las actividades de electricidad, petróleo, gas y telecomunicaciones, que son controladas y tarifadas por el Estado, y principalmente brindan un servicio público, en total han fugado durante los 4 años casi 21.000 Millones de Dólares.

El sector primario, entre los que seguramente se encuentre Vicentin, ha fugado la suma de 8.000 Millones de Dólares.

Las empresas de finanzas y Bancos, con las altas rentabilidades en dólares, han generado activos externos por casi 5.000 Millones de Dólares.

La industria y alimentos, en donde se enrolan los formadores de precios, han fugado más de 15.000 Millones de Dólares.

Finalmente, cuando el objetivo estaba cumplido, es decir, la habilitación legal para la salida de capitales, recién en septiembre de 2019, más precisamente, con la Comunicación A6770 del Banco Central del 1/09/2019, se dispusieron las restricciones cambiarias.

La pregunta decanta por sí sola: ¿Por qué esta alternativa de restricción a la salida de capitales no se tomó en marzo o abril 2018 cuando, como se vio en el grafico descripto más arriba, comenzaron las salidas de capitales?

La respuesta es muy sencilla: debían terminar su plan económico de fuga y saqueo. LOGRARON SU OBJETIVO. PARA ESO GOBERNARON.

8) Y al final llegamos al FMI:

En MAYO de 2018 y ante el DEFAULT que se avecinaba con la salida de capitales especulativos, MACRI anunció en un mensaje de 3 minutos, que volvíamos al Fondo Monetario Internacional.

La Argentina estaba definitivamente quebrada, le era imposible sostener la deuda que había tomado y garantizar, a su vez, la salida de capitales. El préstamo del Fondo fue un salvataje a un gobierno alineado con los EEUU y garantizó la continuidad de la fuga tanto de los grandes capitales extranjeros como argentinos. El informe de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del Fondo clarificó en este sentido:

“En diciembre de 2015, un nuevo gobierno argentino levantó rápidamente la mayoría de las restricciones a la cuenta de capital que habían estado en vigor, incluidas las restricciones a la salida y los límites al endeudamiento a corto plazo, como parte de un programa más amplio de reformas orientadas al mercado.

El personal tuvo pocas posibilidades de ofrecer asesoramiento antes de que se levantaran las restricciones, pero los documentos internos no plantearon preocupaciones y el tema no ocupó un lugar destacado en las consultas del Artículo IV de 2016 y 2017, a pesar de que Argentina experimentó salidas de residentes bastante fuertes y un aumento del endeudamiento a corto plazo.”

En definitiva, el acuerdo del Fondo sirvió para socializar en toda la población argentina el riesgo especulativo que asumieron los fondos de inversión entre 2017 y 2018. El Programa terminó significando un rescate financiado por el FMI a los acreedores privados y a los inversionistas que habían especulado sobre oportunidades de la bicicleta financiera, durante los dos años que precedieron al Programa, aumentando la carga de la deuda argentina; así como también significó un cambio en la composición de la deuda en moneda extranjera sin tener consecuencias positivas sobre la economía real.

No fueron necesarias reformas estructurales, se traspasó la riqueza del pueblo argentino a los grupos concentrados económicos nacionales e internacionales, mediante la devaluación, la inflación y la bicicleta financiera.

Es claro que no se necesitan reformas estructurales, porque ya fueron ejecutadas por otros medios, a tal punto que una jubilación mínima no alcanza a valer 4 tanques de nafta o dos changuitos de supermercados.

Para justificar este salvataje se ocultó una crisis de solvencia en una supuesta necesidad de un “shock de liquidez”.

El fin del programa de especulación financiera y de libre ingreso y egreso de divisas por parte de distintas empresas o fondos de inversión tuvo que ser articulado y facilitado a través del Préstamo con el FMI.

El FMI acordó en un primer momento un desembolso de aproximadamente 50.000 Millones con unas determinadas fechas de entrega. Sin embargo, luego se solicitó que el monto se ampliara a los 57.000 Millones de dólares, y lo que es peor que los desembolsos se anticiparan aún más de las fechas previstas para ello.

A continuación, se detallan los montos y fechas programadas originariamente y luego los montos y las fechas nuevas.

MONTOS ORIGINALES

AUMENTOS PROPUESTOS Y REPROGRAMACIÓN

Disponible a partir de:

MILLONES U$S

% CUOTA

MONTO

ACUM.

MILLONES U$S

% CUOTA

MONTO ACUM.

20/6/2018

14.859,19

333%

14.859,19

14.859,19

333%

14.859,19

26/10/2018

2.889,29

65%

17.748,49

5.740,00

129%

20.599,19

15/12/2018

2.889,29

65%

20.637,78

7.700,00

173%

28.299,19

15/3/2019

2.889,29

65%

23.527,07

10.920,00

245%

39.219,19

15/6/2019

2.889,29

65%

26.416,36

5.460,00

122%

44.679,19

15/9/2019

2.889,29

65%

29.305,65

5.460,00

122%

50.139,19

15/12/2019

2.889,29

65%

32.194,95

980,06

22%

51.119,25

15/3/2020

2.889,29

65%

35.084,24

980,06

22%

52.099,31

15/6/2020

2.889,29

65%

37.973,53

980,06

22%

53.079,36

15/9/2020

2.889,29

65%

40.862,82

980,06

22%

54.059,42

15/12/2020

2.889,29

65%

43.752,11

980,06

22%

55.039,47

15/3/2021

2.889,29

65%

46.641,41

980,06

22%

56.019,53

1/6/2021

2.889,29

65%

49.530,70

980,06

22%

56.999,59

Total (Millones de U$S)

49.530,70

56.999,59

Acá se observa cómo el primer desembolso fue en junio de 2018, por casi 15.000 Millones de Dólares y en octubre y diciembre de 2018, se fijó originariamente un desembolso de casi 6.000 Millones.

Pero las necesidades financieras y electorales hicieron que el desembolso sea por

13.440 Millones es decir, por ¡¡7.500 Millones más!!

En esa lógica perversa y devastadora, para los meses de marzo, julio y septiembre de 2019, (como se observa del cuadro) de los previstos por 8.700 Millones de Dólares, se terminó acordando el desembolso ni más ni menos de 21.840 Millones, o sea ¡¡13.140 Millones más!!

En definitiva, por una decisión electoral, porque otra explicación no hay, se amplió el desembolso a 21.000 Millones de U$S.

Existen dos posibilidades: Que el mejor equipo económico de los últimos 50 años se haya equivocado en el magnánimo monto de 21.000 Millones de Dólares; o que tuvieron que incrementar y anticipar los pagos para llegar a las elecciones. Cualquiera

de las dos opciones hablan por sí solas: Una irresponsabilidad de gestión y un compromiso criminal que pagará todo el pueblo Argentino.

Por último, recordemos que el 15/09/2019, el desembolso de 5.460 Millones se acordó no efectivizarlo, ya que la derrota electoral era inevitable.

De todas maneras, insistimos, el plan definido por el macrismo iba a alcanzar la suma de 57.000 y que terminó desembolsándose la suma de 45.000 Millones.

El representante del gobierno de Trump en el FMI, Mauricio Claver-Carone, reconoció en el mes de julio de 2020, en un foro económico del Consejo chileno para las Relaciones Internacionales, explícitamente que “el crédito fue otorgado para ayudar a Macri y evitar que el peronismo llegara a la Casa Rosada”.

A pesar que el gobierno de Macri permitía y alentaba la fuga de dinero que ingresaba, las autoridades del FMI no solo hacían la vista gorda sino que adelantaron los desembolsos y aumentaron el monto prestable, con lo cual se evidencia su absoluta responsabilidad y complicidad en las maniobras de fuga.

Macri reconoció –en declaraciones a la CNN en español, en noviembre de 2021- que:

“La plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”.

Al asumir nuestro gobierno, el Pte. Alberto Fernández, en una decisión que consideramos correcta, comunicó al FMI que desistía del crédito remanente (de casi 13 mil millones de dólares) y la deuda ingresada se limitaba a los 44.500 millones de dólares ya desembolsados.

1. 9.) Los plazos de devolución del crédito de Macri

En una clara muestra de irresponsabilidad técnica y política, se convinieron plazos de vencimientos imposibles de cumplir.

Así se suponía que se podían pagar 17.982 millones de U$D en 2022, 19.336 en 2023 y 4.871 en 2024. Y además se debían agregar a ello los sobrecargos y tasas de interés elevadísimas por haberse excedido del monto autorizado por los estatutos del FMI.

Esto demuestra claramente que los supuestos técnicos y staff del FMI, no son más que mercenarios privilegiados que son capaces de escribir y justificar cualquier orden que le dan los verdaderos dueños del FMI: El sistema financiero internacional y el gobierno de EEUU.

Por una orden política de Trump, el FMI decidió salvar al gobierno de Macri; y que los fondos especulativos que habían ingresado pudieran retirar sus dólares.

Es muy importante resaltar que el Fondo conoce perfectamente cuáles son las consecuencias de no haber controlado la cuenta capital en un contexto de crisis como el de la Argentina. El caso de Islandia lo muestra con claridad. Un Acuerdo Stand-by por la suma de 2.1 mil millones de dólares fue aprobado en noviembre de 2008. Sin embargo, como condición excluyente para el primer desembolso, el FMI insistió en que el Parlamento introdujera modificaciones a la ley cambiaria vigente, las cuales implicaban el control al ingreso y egreso de capitales y la obligación de repatriar divisas.

Según el economista Robert H. Wade, estos cambios fueron exigidos lisa y llanamente para evitar que “el préstamo fuera directamente a parar a los acreedores extranjeros”. El propio texto del Acuerdo establecía lo siguiente:

“El objetivo a corto plazo es detener la fuga de capitales mientras se normaliza el acceso al mercado de cambios, mediante una política monetaria rígida en un contexto de tipo de cambio flexible. Por el momento, se seguirán manteniendo los controles de capitales”.

Es decir, el Fondo no se limitó a aceptar la existencia de controles de capitales, sino que directamente los suscribió. Más aún, oficiales del organismo de crédito contribuyeron a la creación de una Unidad de Control de Capitales en el Banco Central local, la cual no sólo monitoreaba flujos de entrada y salida, sino que remitía al poder judicial aquellos casos que trasgredieran la enmendada ley cambiaria.

A razón de estas medidas, denominadas en la jerga como macro prudenciales, en 2012, cuatro años después de la crisis que llevó a Islandia a registrar la peor caída en el ingreso de todos los países de la OCDE, la economía empezó a mostrar signos de recuperación y el gobierno comenzó a pagar el préstamo contraído con el FMI.

Ese mismo año, el staff del Fondo publicó un documento en el que, a la luz del caso islandés, afirmaba:

“Una vez agotadas todas las demás opciones de política, los controles de capitales podrían utilizarse de forma temporal en casos de crisis como la de Islandia, donde han ayudado a prevenir el desapalancamiento desordenado y a estabilizar la economía”.

En ese mismo documento, el Fondo justifica el uso del control de capitales con base en que el mismo “ayudó a evitar una contracción mucho más profunda de la que se habría producido de sólo confiar en la fijación de altas tasas de interés”.

Sin embargo, no hace falta irse tan lejos para demostrar que el Fondo sabía que nos prestaba dinero para garantizar la fuga, hizo lo mismo en la Argentina. La Oficina de evaluación Independiente del FMI (OEI) revisó el desempeño del organismo en nuestro país entre 1991 y 2001. Allí ya se expresaba con claridad que se había otorgado un préstamo para sostener a un gobierno afín a los EEUU y con ello la fuga de capitales.

En ese momento, la Oficina se preguntaba textualmente:

“¿recibió Argentina un respaldo financiero superior a su capacidad de pago?”; “¿El paquete solo financió y proporcionó más tiempo para la fuga de capitales”?

¿Por qué, si tuvo ese comportamiento en Islandia y reconoció el error en la Argentina en los años 1991/2001, no hizo lo mismo con el crédito del macrismo del 2018?

10.) Qué es el FMI y su relación con la Argentina

El FMI, si bien fue ideado después de la 2da guerra mundial como un organismo financiero de última instancia que sirviera para atender posibles problemas de las balanzas comerciales o de las cuentas fiscales de todos los países, a los largo de sus años de vida se convirtió en el gendarme de las políticas neoliberales que beneficiaban a las grandes potencias y al capital especulativo que se intensificó desde la década de los 90.

La Argentina siempre sufrió las consecuencias de sus intromisiones y fue después del Gobierno del General Perón, durante la Revolución fusiladora de 1955, cuando se incorporó y recibió el primer crédito.

Argentina firmó 23 acuerdos con condicionalidades con el FMI desde que adhirió al organismo en 1956, incluidos el de Macri y el de Alberto Fernández. En total, el país estuvo bajo el monitoreo del organismo internacional durante 41 de los 65 años que pasaron desde que el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu firmó el convenio de Breton Woods.

El periodo más largo en que los sucesivos ministros de Economía locales debieron negociar con el fondo sus políticas económicas fue desde fines de 1982 hasta diciembre de 2001, momento en que la Argentina vivió su hora más crítica.

En resumen, se firmaron 19 acuerdos Stand By, incluido el que firmó Mauricio Macri en 2018, y 3 de facilidades extendidas, que incluyen los de 1992, 1998 y éste de 2022. Además se firmó un acuerdo de “Servicio de complementación de reservas” en 2001. Siete compensatorios por fluctuaciones de exportaciones en las décadas de 1970 y 1980, todos simultáneos a los acuerdos Stand By y 1 correspondiente al servicio financiero del petróleo, en 1975.

Los acuerdos con el FMI -como ya sabemos- llevan incluidos condicionamientos a las políticas macroeconómicas de los países que reciben sus préstamos. Y en caso de incumplimiento de esas medidas, el organismo prevé el mecanismo llamado waiver (dispensa).

Aunque es posible que se proceda a la suspensión del acuerdo o de los desembolsos de dinero pactados, la Argentina llegó a esta situación extrema en cinco ocasiones: 1983, 1985, 1988, 1992 y 2001.

Fue en Diciembre de 2005 y en acuerdo con el entonces Presidente Luiz Inacio “Lula” Da Silva de Brasil, cuando el Presidente Argentino Néstor C. Kirchner decidió dar por finalizada la relación con el FMI; y abonó la totalidad de la deuda que se mantenía en ese momento, la mayor parte no vencida, expresando lo siguiente:

“La deuda que cancelamos con el Fondo Monetario Internacional, similar a la suma que ese organismo prestó para sostener un régimen de convertibilidad, condenado al fracaso, ha resultado lejos la más condicionante, aún cuando a diferencias de otros países que experimentaron situaciones críticas no recibimos ayuda del Fondo para superar la difícil situación que enfrentamos. Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones, porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias, que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. (Aplausos). Además, desnaturalizado como está en sus fines el Fondo Monetario Internacional ha actuado, respecto de nuestro país, como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente. Nuestro pueblo lo corrobora.

En los últimos 30 años hemos visto avanzar la continua dependencia de programas que Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional. Formamos parte de la triste realidad de integrar el grupo de países en los que esa institución ha aplicado y monitoreado mucho de sus 150 planes de ajuste. El resultado ha sido exclusión, pobreza, indigencia, la destrucción de aparato productivo. A la sombra de esos programas hemos visto concentración de ingreso en unos pocos y chocados contra la imposibilidad de combinar crecimiento macroeconómico con desarrollo social y pleno empleo.

Hoy podemos decir que cada vez que nos endeudábamos, no sólo nos debilitábamos ante el mundo, sino que fuimos perdiendo nuestra capacidad de resolver. Esta lógica siempre defendida por adalides locales de modelos que no tienen en cuenta ni las necesidades ni las realidades de los pueblos, llevó a consolidar una verdadera adicción al endeudamiento, en la que cada vez más nuestros acreedores encarecieron sus intereses, endurecieron su auditoria, su control y sus exigencias.

La más reciente experiencia argentina ha dado prueba suficiente de que ese organismo internacional respaldó, primero, verdaderos fracasos políticos y luego no aportó ni una moneda de ayuda para la superación de la crisis ni para la reestructuración de la deuda, que concretamos con la aceptación del mercado.” (NÉSTOR C. KIRCHNER)

A modo de ejemplo, y sólo con una muestra, podemos comprobar la realidad de lo que expresó Néstor Kirchner: La tapa del diario Clarín cuando asumió el genocida Videla y se anunció el apoyo del gobierno de EEUU junto con un crédito del FMI.

11) Tierra Arrasada, Pandemia e inicio de las negociaciones.

Durante el año 2020 y en el medio de la pandemia del Covid-19 se inician las conversaciones entre el Gobierno Argentino y el Staff del FMI.

Recordemos que el gobierno nacional, en agosto de 2020, logró reestructurar la deuda con acreedores privados bajo legislación extranjera, por la suma de 68.800 Millones de Dólares.

Esta negociación permitió diferir vencimientos de imposible cumplimiento en el corto plazo ya que entre 2020 y 2024 había que desembolsar la suma de 63.692 Millones de Dólares. En este período se abonarán, solamente, 7.556 Millones de Dólares.

En resumen, hubo un alivio financiero temporario pero muy lejos se estuvo de los logros obtenidos por los canjes de deuda privada logrados por Néstor y Cristina Kirchner durante sus mandatos.

Algo parecido ocurrió con la deuda bajo legislación local.

EL cronograma de vencimientos acordado en moneda extranjera (legislación local y extranjera), apunta a que entre los años 2024 y 2028, se desembolsará un promedio anual de U$S 6.000 millones, y entre los años 2028 y 2036, un promedio de U$S9.000 millones, lo que sin duda será de muy difícil cumplimiento, y peor aún si se le suman los compromisos en el nuevo acuerdo con el FMI.

¿Estaremos nuevamente en una crisis de deuda y nuevos defaults? ¿Qué números nos garantizan que esto no será así? ¿Son estos compromisos “sostenibles”? ¿No son estos compromisos contradictorios con la misma ley que estamos sancionando?

Sin duda que ha sido un acierto de nuestro Gobierno que los temas de deuda pública sean debatidos en el Congreso y de cara a nuestro pueblo, ya que en definitiva va a ser el destinatario de las políticas públicas que de ellos se deriven.

Durante ese año (2020) se nos intentó convencer que hay otro FMI, que la nueva Directora se sacaba fotos con el Papa Francisco, que atendía el teléfono, se sonreía con nuestros funcionarios y que nos iba a ayudar, que no reclamaban reformas ni de jubilaciones ni laborales, y que más que detestarlos debíamos ser sus amigos, porque ahora… eran “buenos vecinos”.

Nunca creímos en eso, y la verdad que ni los detestamos ni somos sus amigos, simplemente tenemos claridad de que defendemos intereses contrapuestos, y que ahora debíamos sentarnos a una mesa de negociación, y que en algún momento la deuda se debía pagar.

La verdad es que nosotros veíamos lo que estaba pasando con otros países deudores, y nos costaba mucho creer este nuevo relato. A modo de ejemplo contaremos aquí algunos casos, como el de Grecia, que no es diferente del trato que le dieron a Egipto, Ecuador, Ucrania. Estos 4 países, junto con Argentina, son los primeros 5 países en el ranking de deudores que le deben al FMI el 57,5% del total de todo lo que ha prestado el Fondo, con 83.034 millones de dólares, sobre un cartera total de 144.553 millones de dólares.

1. El FMI y otros países.

En los cuadros que siguen, donde figuran los países más endeudados con el FMI y los desembolsos de DEG a cada uno de ellos, surge con palmaria nitidez el injusto tratamiento que tiene el FMI con cada uno de los países, ya que termina dando a los que más tienen, y retaceando el apoyo a quienes más lo necesitan.

Ya lo dijimos anteriormente, el FMI se ha transformado en un gendarme de las políticas neoliberales para proteger los intereses de los fondos financieros internacionales y de los países más poderosos.

GRECIA

Desde principios del presente siglo, casi prácticamente en simultáneo con la adopción del Euro como moneda común, el sector privado de Grecia, principalmente sus bancos, comenzaron a tomar endeudamiento de fondos proveniente, mayoritariamente, de los bancos de Alemania y Francia.

Esquemáticamente, el círculo funcionaba de la siguiente manera: Con el aval de los países más desarrollados dentro de la UE, Francia y Alemania especialmente, el Banco Central Europeo (BCE) emitía dinero, éste se lo entregaba a los gobiernos de otros países menos desarrollados, Grecia entre ellos, incrementando así la deuda pública, y estos gobiernos se los entregaban a sus propios bancos que, a su vez, abonaban con

estos fondos sus deudas con los bancos alemanes y franceses. Se ve así claramente el traspaso de deuda privada de banqueros a manos de los Estados, en este caso, del Estado griego. Una vez más en la historia se ve un significativo ejemplo de estatización de la deuda privada.

Para finales de 2014 la tasa de desempleo de Grecia era del 26%, la más elevada de la UE, producto de los sucesivos planes de austeridad y de la recesión constante. El 50% de los jóvenes entre 15 y 24 años estaban desempleados. Cerca de 2,5 millones de griegos vivían por debajo del umbral de la pobreza, situación que afectaba al 40 % de los niños griegos y al 45 % de los jubilados y pensionistas.

Las consecuencias sociales de la crisis, sin contar el debilitamiento democrático institucional y el aumento de la emigración económica, se tradujeron en un deterioro generalizado de los niveles de salud (empeoramiento de la atención sanitaria y aumento de los problemas psicosociales) y un incremento de los niveles de violencia y delincuencia.

En el año 2015 se inició el tercer programa de rescate, que comenzó ese mismo año y se prolongó hasta el 2018, cuando la Troika dio por terminado el aporte de fondos, aunque no se retiró de los controles y de las exigencias fiscales, monetarias, económicas y financieras.

Uno de los indicadores clave que puede tomarse para demostrar el tremendo fracaso de la intervención de la Troika en Grecia es el nivel de su deuda externa. En 2010 ascendía a 319.000 millones de euros. Después del recorte del 52%, por la reestructuración que llevaron adelante en ese año, la deuda con los acreedores privados disminuyó a 107.000 millones de euros, pero al final de los 3 rescates, en 2018 la deuda externa de Grecia orillaba los 317.000 millones de euros, llegando nuevamente al punto de partida después de haber desmantelado los sistemas de salud y de previsión social y debilitado fuertemente las capacidades productivas del país.

Entre las medidas de ajustes que implementó Grecia se encuentran:

• Creación del Fondo para el Desarrollo de Activos, un eufemismo para mencionar al proceso de privatizaciones. Las distintas reparticiones públicas tuvieron que traspasar a este Fondo todos los activos que pudieran ser vendidos al sector privado, el Fondo los ponía a la venta y con lo recaudado se disponía de más recursos para abonar las deudas de los rescates. Se privatizaron así las compañías estatales griegas de electricidad, y hasta fueron incluidas 70 islas.
• Reforma del sistema de pensiones y aumento de la edad jubilatoria a 67 años
• Medidas fiscales de ajuste con reducción de los salarios y el empleo público y aumento del IVA.

• Reforma laboral, con revisión de los convenios colectivos y los derechos de huelgas.

Como resultado de todo ello, hoy Grecia es uno de los países más pobres de Europa, con menor poder adquisitivo de su población, con mayor deuda externa, con mayores niveles de pobreza y desocupación y si bien ha logrado alcanzar un superávit fiscal del 3,5%, ello no ha servido para mejorar ninguno de los indicadores básicos.

Solo sirvió para transferir recursos al exterior para fortalecer a los principales bancos y fondos de inversión acreedores del país.

EGIPTO

El 26 de junio de 2020, ya desatada la pandemia de COVID 19, el FMI aprobó un nuevo préstamo a Egipto, por 12.500 millones de dólares.

Es larga la historia de Egipto con el FMI. Ya al final de la década de los ´70 el FMI imponía planes de ajuste, incluida la quita de los subsidios a los alimentos, que destrozaban la economía local y dejaba en la pobreza a millones de ciudadanos. En 1991 se firmó el acuerdo de Egipto de ERSAP (Programa de Reforma Económica y Ajuste Estructural) y, desde entonces, el país ha seguido una serie de políticas de liberalización financiera, vinculadas a las demandas de sus acreedores globales.

Motivadas por la visión neoliberal del denominado “Consenso de Washington”, el acuerdo obligó a Egipto a devaluar su moneda para aumentar la competitividad de sus exportaciones, desregular sus sistemas financieros para atraer al capital extranjero, privatizar las corporaciones estatales para generar nuevos ingresos (empresas de gas, agropecuarias, hoteles, bancos públicos), reducir las tarifas para liberalizar el comercio y recortar el gasto público para reducir el déficit presupuestario.

A mediados de los ´90 Egipto había ejecutado la privatización de más de un tercio de su sector público, desarticulando la estructura económica que había dejado el Presidente Nasser.

Por esos años también Egipto, al igual que la Argentina, fue considerado uno de los mejores alumnos del FMI ya que registraba altos niveles de crecimiento en un 7%, y alcanzaba nuevos niveles de inversión extranjera.

Sin embargo, dentro de Egipto, había pocos síntomas de ese crecimiento que se tradujeran en prosperidad para los ciudadanos comunes. Todo ello muy conocido por los argentinos: el famoso “efecto derrame” que nunca llega a la sociedad.

La inversión extranjera se concentró en gran medida en los sectores de finanzas y gas, lo cual no creó empleo. En 1996, tras una extensa ola de privatizaciones, las

condiciones de los trabajadores empeoraron, ya que el desempleo creció y los salarios bajaron. Desde 2004, muchos egipcios participaron en huelgas generalizadas en todo el país que duraron años. El porcentaje de la población que vivía con menos de 2 dólares al día — la línea oficial de pobreza — subió desde el 21% en 1990 al 44% casi tres décadas después. En un clásico ejemplo de desarrollo capitalista, los pobres se hicieron más pobres y los ricos, más ricos.

El país africano ya venía con un fuerte endeudamiento con esa entidad desde 2016, pero a pesar de haber aplicado, desde entonces, todas las medidas recomendadas por el FMI, no lograron revertir ni la deteriorada situación económica ni la social.

Es más, en diciembre de 2019 tanto el gobierno egipcio como el FMI festejaron los logros del programa que habían aplicado. Pero, sólo 3 meses después, entre marzo y mayo 2020 las reservas cayeron un 20% bajo la presión de una fuerte fuga de capitales que llevó a otra nueva devaluación, con las consecuencias conocidas de aumento de la pobreza y el desempleo.

La deuda externa prácticamente se duplicó pasando de 55.000 millones de dólares en 2015 a 96.000 millones de dólares en la actualidad.

El país cuenta con una población de casi 97 millones de personas, de las cuales cerca del 40% está bajo la línea de la pobreza. Su PBI per cápita es de 3.044 u$s.

El principal problema de la economía egipcia es que el comercio de bienes presenta un déficit comercial estructural elevado -unos u$S 25.000 millones anuales- debido a que depende del exterior para satisfacer las necesidades alimenticias y energéticas de su población. O sea, a diferencia de Argentina, Egipto no se autoabastece de los elementos claves para el desarrollo de la vida cotidiana de su población: alimentos y energía.

Ese déficit es cubierto, en parte, por los ingresos provenientes de los servicios de turismo y los cánones que cobra el país por su participación en la administración del Canal De Suez. Por estos conceptos ingresan anualmente unos 9.000/10.000 millones de dólares. El resto, de unos 15.000 millones de dólares anuales, constituye el déficit comercial externo crónico y debe ser cubierto por el endeudamiento con el exterior. De ahí su vulnerabilidad externa histórica y la necesidad de recurrir al FMI con quien ha llevado adelante reiterados programas de ajustes sin éxito alguno.

En el marco del último acuerdo con el FMI, se tomaron las siguientes medidas de ajuste

• Aumento del 40% de los precios de los combustibles para reducir los subsidios públicos
• Devaluación de la libra egipcia

• Aumento del 35% de los precios de las tarifas energéticas y eliminación de subsidios.

• Incremento de Impuestos regresivos (Creación del IVA)
• Incremento de la tasa de interés
• Nuevas privatizaciones
• Contención del Gasto Público
• Reducción del déficit fiscal

Todas recomendaciones y recetas que fracasaron anteriormente y que seguirán deteriorando el nivel de vida del pueblo egipcio.

Desde que se ha desatado la crisis del coronavirus, un cuarto de los egipcios ha perdido el trabajo y un 73% ha visto sus ingresos reducidos, según los últimos datos de la agencia de estadísticas pública.

Mientras tanto no hay solución estructural a la vista. La deuda sigue creciendo y representa cada vez más un ahogo para el pueblo egipcio. Actualmente, Egipto dedica más del 35% de su presupuesto al pago de la deuda, que representa ahora el 86% del PIB. La intervención del FMI, una vez más, no ha sido útil para resolver ninguno de los problemas del país.

ECUADOR

El pasado 30 de setiembre el FMI aprobó un nuevo préstamo a Ecuador. Como siempre aparecen objetivos sumamente loables, pero que no se condicen con la realidad.

La historia de Ecuador con el FMI tampoco es reciente. Entre 1961 y 1972 Ecuador suscribió 9 acuerdos con el Fondo, pero los condicionamientos más significativos se dieron entre 1983 y 2003, ya que a la entidad le interesó asegurar tanto el pago de la deuda externa como la implementación de las reformas del Consenso de Washington.

Al igual que en otros países de la región, las recetas del FMI en Ecuador obligaron a ajustar el Estado, privatizar infraestructuras y servicios públicos, reformar impuestos, flexibilizar el trabajo y liberalizar los mercados.

Ninguno de los acuerdos con el FMI mejoró la economía ecuatoriana y menos las condiciones sociales. A tal punto, que a fines de la década de los 90, después de varios programas consecutivos con el FMI, se vivió una crisis institucional, política, social y económica que culminó con la dolarización de la economía ecuatoriana y la pérdida consecuente de la moneda local. Ello le quitó un gran margen de maniobra al gobierno de Ecuador para solucionar los problemas de su macroeconomía, ya que al

no manejar su propia moneda perdió toda posibilidad de desarrollar cualquier tipo de política monetaria.

Tampoco con la dolarización la economía se reactivó -con excepción del período del gobierno del ex presidente Rafael Correa que no siguió las políticas del FMI y la actividad productiva creció, la pobreza se redujo y mejoró la distribución del ingreso-.

Es más, en octubre del 2019 la población estalló en protestas ante la suba de los combustibles y por la eliminación de los subsidios, la fuerte alza en los costos del transporte público y la especulación con alimentos y fletes.

Además del aumento de los combustibles y la quita de subsidios, el llamado “paquetazo” de 2019 incluyó:

• Baja salarial de hasta 20% en contratos temporales en el sector público
• Reducción de las vacaciones de 30 a 15 días para empleados públicos
• Aporte de un día de salario mensual de los empleados públicos al fisco
• Contribución especial de las empresas con ingresos de más de US$10 millones anuales a las arcas fiscales
• Aumento en los bonos (de US$69 a US$84) que se entregan a las familias más pobres -y una extensión del beneficio a 1.300.000 personas- como medida de compensación.
• Reducción de aranceles para la compra de maquinarias
• Supresión de impuestos a la importación de tecnología (como celulares y computadores) y autos (con un valor inferior a US$32.000).

El plan acordado recientemente incorpora otra vez una mayor reducción del gasto fiscal y disminución en dos horas diarias de la jornada laboral de los empleados del sector público (de 8hs a 6hs diarias), con la proporcional baja en los haberes. La suspensión de ingresos de personal a la administración del Estado. Ajuste al servicio exterior con cierre de embajadas en Malasia, Irán, Nicaragua y disminución del servicio consular. El Ejecutivo cerrará y fusionará 10 empresas públicas, entre ellas la aerolínea Tame, Inmobiliar, Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Correos del Ecuador, entre otras. Todo ello sumado a la reestructuración de la deuda pública que resultaba ser de pago imposible.

Tampoco en el caso de Ecuador se puede apreciar una intervención exitosa del FMI. Con sus condicionalidades y recetas, solo queda esperar que la situación en Ecuador empeore aceleradamente, ya que su economía sigue dependiendo de los precios del

petróleo, es altamente primarizada y prácticamente no cuenta con desarrollo industrial alguno

UCRANIA

Ucrania, actualmente en guerra, y cuya invasión rusa rechazamos enérgicamente, es el tercer deudor del FMI, después de Argentina y Egipto, por 9.935 millones de dólares, suma que representa el 6,9% de la cartera total del organismo.

En materia de deuda, durante los últimos 8 años este país suscribió 4 acuerdos sucesivos con el FMI, reestructuró su deuda con acreedores privados (bonistas) y mantiene, más allá del conflicto bélico, un litigio abierto con Rusia que le reclama por la deuda que Ucrania, unilateralmente, le declaró en default hace más de 7 años.

En mayo de 2014, después del derrocamiento del Presidente Yanukovich (pro ruso), la guerra de Crimea y la declaración de autonomía de distintas regiones; fue electo el empresario Petró Peroshenko (pro occidental). Con el apoyo de los principales países de la Unión Europea y de EEUU Peroshenko comenzó a pedir asistencia financiera al FMI.

Se trató de un acuerdo Stand By a dos años, por un total de 17.000 millones de dólares, que equivalía a 9 veces la cuota que le correspondía al país en el FMI. Las recetas del Fondo fueron las mismas que siempre: devaluación de la moneda local, reducción de la emisión monetaria y el déficit fiscal, reestructuración del sector energético, elevando las tarifas.

Por supuesto, como siempre ocurre con las imposiciones del FMI, los resultados fueron sumamente negativos, con lo cual antes de un año, en marzo de 2015 se realizó una nueva negociación y se cerró el segundo acuerdo. Esta vez de Facilidades Extendidas, con 4 años de gracia y 10 de repago.

El monto total del préstamo fue prácticamente el mismo que el del acuerdo original -

17.500 millones de dólares- con nuevas medidas de austeridad y ajuste fiscal, más subas de las tarifas energéticas y reformas estructurales como las privatizaciones de las empresas de gas y de petróleo.

En paralelo, Ucrania intentaba renegociar su deuda con los acreedores privados y una deuda en conflicto con Rusia. En el primer caso, se logró regularizar una deuda de cerca de 20.000 millones de dólares, con una quita del capital del 20% y un período de gracia de 4 años e incluía la emisión de nuevos bonos atados a la evolución del PBI.

El FMI avaló esta reestructuración, demostrando una vez más, que a sus directivos y funcionarios no les importa romper sus propias reglas y vulnerar sus estatutos y

reglamento. Ello es así porque apoyó un canje y otorgó créditos, omitiendo los reclamos del gobierno ruso, país miembro del organismo desde 1992, cuando este tiene expresamente prohibido prestar a aquellos países que se encuentren en mora con alguno de sus propios integrantes.

Esta situación se originó cuando, en 2013, Ucrania emitió un bono, por el equivalente a

3.000 millones de dólares, cuyo único comprador fue Rusia. Este bono dejó de pagarse en 2014 con el cambio de gobierno, ya que Peroshenko cuestionó la deuda contraída por su antecesor apelando a la “teoría de la deuda odiosa”, lo que significa que una deuda puede ser repudiada si su origen está sospechado de turbio o espúreo.

El FMI avaló esta postura rompiendo su tradición y demostrando, una vez más, la doble vara con la que se maneja este organismo internacional y que cuando les conviene a los intereses geopolíticos que defienden, apoyan estas posiciones. La controversia se mantiene actualmente en esferas judiciales.

Por supuesto, el problema de la deuda de Ucrania no se resolvió y en enero de 2019 Ucrania firmó un nuevo sand by con el FMI por 3.900 millones de dólares y luego en junio de 2020 otro más por 5.000 millones de dólares.

Las políticas que se aplicaron en Ucrania llevaron a subir los impuestos, a recortar los programas sociales, al congelamiento de los salarios públicos, a reformas previsionales que hicieron subir los aportes jubilatorios de 30 a 35 años, a suspender el pago de pensiones (unos 600.000 beneficiarios fueron afectados).

También se quitaron los subsidios públicos al consumo energético y se realizaron privatizaciones de manera extendida. Ucrania, con sus más de 3.300 empresas públicas era el país de la ex URSS con más activos disponibles para la venta.

Muchas de estas reformas no estaban explicitadas en los acuerdos originales pero fueron adoptadas durante las misiones de monitoreo que regularmente visitan a un país cuando se encuentra bajo supervisión del FMI.

Un caso paradigmático lo constituye el hecho de que, más allá de las cuestiones estrictamente económicas, el Fondo, que debería abocarse a colaborar con los países para resolver problemas de balanza de pagos, obligó a Ucrania a montar un mecanismo jurídico/mediático por el cual se deberán publicar los datos de las personas involucradas en causas de supuesta corrupción, sin considerar las arbitrariedades que esto puede conllevar.

De esta manera el FMI termina inmiscuyéndose en los problemas judiciales internos de Ucrania, demostrando una vez más que, más allá de lo que se suscriba, su poder de dominación y de injerencia abarca campos que no son de su incumbencia específica.

Como siempre pasa cuando interviene el FMI, los problemas en Ucrania se agravaron. Hoy Ucrania tiene una deuda pública del 85% sobre el PBI, cuando en 2013 este indicador era del 77%. El PBI se encuentra casi un 20% por debajo del de 2013. La inflación se aceleró y actualmente tiene un nivel mayor a la de 2013.

Por supuesto también se deterioró el nivel de empleo y la distribución del ingreso, llegando a una tasa de desempleo del 10,3% y a un nivel del PBI per cápita de 3.600 millones de dólares una de las más bajas del mundo.

1. Conversaciones y debates con funcionarios del Poder Ejecutivo

El 30 de noviembre de 2020, y durante el tratamiento de la ley 27.612, de “Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Publica”, expresé lo siguiente:

“Lo primero que quiero expresar es que esta ley no es importante que la sancionemos: lo importante es lo que esta ley nos habilita. Porque, en realidad, si hoy sancionamos esta ley y mañana, cuando venga el acuerdo, suscribimos cualquier cosa, la verdad es que mejor no hubiera habido ley, mejor, hubieran seguido las cosas como estaban.”…

“Yo quiero contar lo que es el Fondo Monetario Internacional, porque… En realidad, esta no es una discusión que vamos a tener con el Pro o con Juntos por el Cambio: esta es una discusión que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, al cual tenemos que reclamarle y exigirle varias cosas.

La verdad es que yo quiero decirles a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional: ¿no escuchan lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en Latinoamérica? ¿No se dan cuenta de lo que está pasando en Chile, en Perú, en Ecuador y hasta en Paquistán, –hasta en Egipto–, con los pueblos saliendo a la calle, reclamando que cambien las políticas económicas?

¿No se dan cuenta de lo que está ocurriendo en Europa, en esos países que tienen niveles de vida más alto que el resto? Porque, en la gran mayoría del resto del continente, el pueblo también está saliendo a la calle reclamando un cambio de políticas.

Por eso, con toda humildad, le queremos decir al Fondo Monetario Internacional: ¡tienen que cambiar! No pueden seguir exigiendo las mismas políticas Y no solamente a la Argentina, sino a todos los países.

Yo sé que no son los funcionarios, porque no tienen capacidad de decisión: son la junta de gobierno, o los directores, o los presidentes.

“Lo primero, por parte de ustedes, es que no pueden imponer ninguna condición y, en todo caso, tienen que cambiar. No pueden seguir con lo mismo, porque lo único que hacen es generar más pobreza, más protestas, más muertos, más represión”. Claro, ellos están muy bien: tienen un presupuesto de casi 1.500 millones de dólares; funcionarios con altos salarios, que viajan en aviones en primera clase, se hospedan en grandes hoteles. Austeridad para ellos, nada. Obviamente, gastan y gastan, total, pagan los pueblos del mundo.

Nuestro bloque le ha hecho una carta al Fondo Monetario Internacional, de la cual no hemos tenido respuesta. Pero, bueno, nos hemos enterado, por un artículo periodístico, de que un integrante de ese organismo nos ha dado la razón. Bueno, valga la gracia, ¿no?, gracias por la novedad.

La verdad es que ellos dicen “hay que cumplir con la ley”. Bueno, lo primero que deberían hacer ellos es comenzar a cumplir con la ley.

Y acá reconocen que le dieron a la Argentina un crédito que no le podían dar, porque las normas del Fondo no permitían que se le diera un crédito de la magnitud del que se le dio. Además, reconocen, también, que se le dio para algo que el Fondo prohíbe, que es la fuga de capitales. Ahora, ellos, ¿qué? ¿No tienen una responsabilidad? Bueno, no importa, pasó. Trump le habló a alguien y le dieron el crédito.

Mire, pero ¿sabe qué fue lo más grave, además de todo esto? Porque dicen “no, fue una fuga legal, no nos dimos cuenta.” Sí que se dieron cuenta. Son cómplices ellos. ¿Sabe por qué? Porque cuando otorgaron el primer crédito, en el año 2018, cuando la Argentina había entrado en default con los acreedores privados, esa primera norma establecía que hasta las elecciones iban a desembolsar 26.000 millones de dólares.

¿Qué pasó? Como se les vino como una nube de nieve, como una bola de nieve, se le empezó a agrandar. Modificaron, sabían que estaba fugándose el dinero y, sin embargo, modificaron y le dieron más dinero.

¿Sabe cuánto le dieron, hasta las elecciones? Bueno, de 26.000 millones que tenían que darle, le dieron 44.000, –18.000 millones de dólares más–, modificaron las condiciones originales del crédito que ellos habían otorgado.

Entonces, por eso, la verdad es que… Ahora, dicen: “No, cuando a uno le piden, tiene que…”

Hoy, la tasa de interés que nos están cobrando es usurera, la verdad. Es arriba del 4 por ciento. En el presupuesto del año que viene tenemos

para pagar de intereses al Fondo Monetario Internacional casi 1.400 millones de dólares, ¡una barbaridad! Lo primero que deben hacer es reducir, drásticamente, la tasa de interés. Lo tienen que hacer, pero no solamente para nosotros sino para todos los países, aunque sea por la pandemia, si no son solidarios con los pueblos a los cuales les han infligido el daño que les han infligido.

En Europa, el Banco Central Europeo les está dando dinero a los gobiernos con créditos baratos –y además con subsidios– por 360.000 millones de euros. Y a nosotros nos quieren cobrar intereses. La verdad, no sé qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que el Congreso sea el que ponga la cara por ellos? Para que digan: “No, se sacaron la foto con el Papa,entonces, ahora son buenos” Mire, yo voy a creer que son buenos cuando cambien las políticas. No me convence ninguno de los gestos mediáticos que tienen, ni siquiera el reconocimiento que han hecho de esto.

¿Y qué investigación interna han hecho? Dicen: “No, no se pueden bajar los intereses”. ¡Ah!, ¿y se puede dar créditos como los dieron, violando las normas de ellos, y eso no tiene ninguna sanción, no importa? Y nosotros nos tenemos que hacer cargo de un desastre irresponsable y temerario como el que tomó el anterior gobierno.

¿Por qué no se ponen en serio a trabajar?, por lo menos para ayudarnos a efectos de saber dónde está la plata. La plata no está acá, no está en el Banco Central, no está en ningún aeropuerto, en ninguna obra, en vivienda… No. No está en ningún lado. Así como vino, se fue. ¿Por qué no nos ayudan a ver dónde está? Entonces, vayamos a ver dónde está, a ver si les cobramos a los que se la llevaron, para que ellos puedan volver a recuperar ese dinero.

Sinceramente, creo que nosotros, por lo menos, creo que tenemos bastante claro lo que tenemos que hacer, y vamos a ayudar a nuestro gobierno, obviamente, para plantarse con firmeza frente a esto. Pero tenemos que decirle muy clarito al Fondo: “Miren, no vamos a aceptar lo que ustedes nos van a imponer, así porque sí”. No somos una escribanía del Fondo. Primero, no imponer ninguna condición de política. Esa es decisión soberana de la Argentina. Si nos equivocamos, nos equivocamos por lo que nosotros hacemos. En segundo lugar, una drástica reducción de intereses. En tercer lugar, comenzar los pagos allá por el año 2025, por lo menos tres o cuatro años para recuperarnos. Y, después, décadas para pagar, no se va a poder de otra manera. Y, si no,

¿qué va a ser? Más hambre, más sufrimiento…

Mire, hace un ratito –ahora terminó; estuvo toda la tarde; estoy, acá, en el Senado– hubo una manifestación de jóvenes que estuvo toda la tarde, con bombos. ¿Qué pedían?, trabajo y educación. ¿Y qué les vamos a decir?: “No, mirá: tenemos que pagarle al Fondo, así que no hay para trabajo y educación, olvidate. Eso será para tu hijo o para no sé quién.”

Yo, la verdad, señora presidenta y compañeros colegas, como dijeron también los senadores preopinantes, creo sinceramente lo siguiente: primero, hay juicios acá en la Argentina, que están investigando cómo se tomó esto; segundo, que por lo menos reclamamos que el Fondo haga una investigación. Es lo menos que tienen que hacer. Cómo nos piden a nosotros que, no: que las normas imponen no bajar los intereses, y violaron todas las normas antes. ¿Cómo es la historia? Me parece que no hay igualdad de trato, no hay igualdad.

Yo creo que nosotros tenemos una obligación con nuestro pueblo. Y, además, como decía el senador, nos incorporamos…

Nosotros, por historia… Mire, al Fondo no lo queremos. La verdad, nunca lo quisimos: ni en la década del 50 ni del 70 ni en el 2003. Kirchner se los sacó de encima. Les pagó y basta, no más revisiones, no más exigencias.

Obviamente ahora, por lo menos, lo que pretendemos… No sé, veremos cómo se le pagará, pero que no pongan exigencias. No queremos relación con ellos, porque siempre que hubo relación perjudicaron a los argentinos. Todos los programas económicos que ellos avalaron, suscribieron e incentivaron fueron todos en contra del pueblo argentino, y nosotros venimos a representar los intereses del pueblo argentino.

Eso, simplemente, en la carta, se lo decimos. Les recordamos los períodos donde hubo acuerdo con el Fondo y donde no hubo acuerdo. Cuando se aplicaron políticas que no tenían que ver, creció el empleo, disminuyó la pobreza, creció el salario real, creció la industria, la ciencia. Cuando hicimos lo que ellos quisieron fuimos para atrás y no queremos volver para atrás.

La verdad es que no vinimos acá para darle un manto de cobertura legal a los desaguisados que hizo el gobierno anterior. No, de ninguna manera, presidenta. Mire, vinimos acá para cambiar eso. Y, en esto, creo que tenemos que ser muy firmes, muy convincentes. Nuestro pueblo nos va a estar mirando, nos va a estar reclamando y exigiendo, no ahora sino cuando venga el acuerdo.

Entonces, nosotros vamos a apoyar a nuestro ministro de Economía, a nuestro presidente, pero para que se plante frente al Fondo, frente a

todos los países, y les diga con claridad: “Tienen que cambiar. Esto no aguanta más. El pueblo argentino no está dispuesto a seguir aguantando este tipo de atropellos, de inequidades, de injusticias”. Porque si la pandemia, como dice el presidente, nos puede dejar alguna enseñanza, bueno, que, al menos, esa enseñanza sea para que mejoremos la calidad de vida de nuestros pueblos.

Por eso, señora presidenta, y a todos los compañeros colegas, obviamente que vamos a votar favorablemente, pero con la vista puesta en cuando venga el acuerdo. Y ese acuerdo no tiene que ser un retroceso para los argentinos ni mantener el statu quo. Tiene que ser un cambio drástico en la relación con el Fondo Monetario Internacional.”

Lo que dijimos en ese momento, hoy tiene una actualidad enorme, porque seguramente algunos de buena fe dirán “bueno, ahora se les ocurre oponerse, por qué no lo hicieron antes”….

En esos dichos y en las varias y diferentes reuniones que tuvimos con los funcionarios de nuestro Gobierno, los alertamos y les hicimos saber nuestra certeza de que no era así, que el FMI seguía siendo el mismo de siempre, y que si bien había que reconocer la deuda, deberíamos negociar de entrada la reducción de los injustos y expoliatorios recargos y sobretasas de interés; y que por lo menos se iban a necesitar 20 años para cancelar la deuda.

Además, insistimos en que también había una corresponsabilidad del FMI que el organismo debía asumir por los excesos y abusos que cometió, al igual que el gobierno que tomo el crédito. Todo esto debía formar parte de la negociación.

Opinamos que se debía solicitar de inmediato una suspensión de los pagos de los años 2022, 2023 y 2024 para no afectar las reservas del Banco Central, que había que tomar medidas para cuidar el excelente superávit comercial que estábamos teniendo durante estos años, que había que bajar las tasas de interés de las Leliq y Lebac y transformar ese dinero flotante en financiamiento para la producción y grandes proyectos de inversión que el país necesitaba, que en la deuda con los privados había que solicitar una quita importante de capital y mayores plazos de pagos, que no había que aumentar tarifas ni combustibles, que había que mejorar el salario real de los trabajadores y jubilados y pensionados, que había que tomar medidas para reducir y controlar la suba de precios injustificada y solo producto de la especulación, poner en marcha inmediatamente la licitación y construcción de un nuevo gasoducto, resolver las obras grandes y pequeñas paralizadas durante el macrismo, por ejemplo las Represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Sta. Cruz, Chihuido en Neuquén, un nuevo esquema de concesión de la vía navegable troncal del Rio Paraná, etc. etc.

Tuvimos reuniones sin resultados concretos, “vamos viendo” nos decían. Sentíamos que en verdad no nos escuchaban o que solo creían en lo que ellos estaban haciendo y que lo nuestro no servía.

El 26 de agosto de 2020 en una nota del ministro Guzmán y del presidente del Banco Central Miguel Pesce a la Directora Gerente del FMI, se pidió iniciar formalmente las negociaciones por escrito. (Ver anexo 1)

Allí se habló de un fructífero trabajo colaborativo, complacidos con la relación entablada, de comprender la perspectiva del otro, poniendo la culpa del irresponsable crédito solo en el gobierno de Macri, y no mencionando la del FMI. Esa nota no solicitaba ni quita de sobrecargos e intereses, ni extensión de los plazos; y solo se le requería (al FMI) formalmente asistencia financiera bajo un programa de refinanciación.

Allí también se anunció “la iniciación de las consultas para acordar un nuevo programa con el FMI que suceda al cancelado y descarrilado acuerdo.”

Según la Real Academia Española, el verbo transitivo “cancelar”, quiere decir:

“Dejar sin efecto una cosa, especialmente una obligación legal, un contrato, etc., cancelar una cuenta corriente, o suspender el desarrollo de algo que se había previsto o programado”

En los tweets de su cuenta personal de ese día, el Ministro Guzmán aseguró que se solicitaba “un nuevo acuerdo que incluya una reprogramación de los vencimientos”

Es decir, nunca habló de refinanciación sino de “un nuevo acuerdo que incluye la reprogramación de los vencimientos de deuda con el FMI”.

Sólo me pregunto: ¿Cuándo nos mintió, en aquel entonces o ahora?, ¿Lo sabía o fueron nuevos condicionamientos que le impusieron?

Mucha cordialidad y buenos amigos. Nada se dice allí sobre cómo se otorgó el crédito, la corresponsabilidad del FMI, su imposibilidad de cumplimiento, el carácter político de su otorgamiento, y tampoco, reiteramos, se le pidió ni la reducción de intereses y sobrecargos ni el alargamiento de los plazos al menos a 20 años.

Fue por ello que el 15 de Noviembre de 2020, el Bloque de Senadores del Frente de Todos remitió a la titular del FMI una nota, que fue pública, muy respetuosa, pero en la cual hacíamos conocer nuestra opinión de que ellos debían asumir su

responsabilidad, lo ilícito y anormal del crédito otorgado que violó expresas disposiciones del Estatuto del FMI excediéndose en los montos asignados a la argentina y permitiendo la fuga de divisas, como así también la violación de leyes nacionales. (Ver Anexo 2)

En aquella oportunidad, recuerdo, se nos acusó de entorpecer las conversaciones, de no ayudar al gobierno, etc. etc., pero fuimos los primeros que exhibimos las debilidades del crédito, el carácter político de su otorgamiento y el destino de los fondos que no fue otro que la mas fenomenal fuga de divisas en el menor tiempo que se tenga historia.

Fue el mismo Ex Presidente Mauricio Macri, que reconoció el 25 de enero de 2020 en Villa la Angostura: “… un dia los mercados no te dan más plata y nos vamos todos a la mierda” (https://www.youtube.com/watch?v=fdbvHyPVr14&t=18s) y luego reconoció que debieron recurrir al FMI para que los bancos y sectores financieros pudieran llevarse los dólares que habían traído durante el año 2016 y 2017. (https://www.youtube.com/watch?v=faBL4E-ZZrQ).

También enviamos, el 22 de febrero de 2021, a la Oficina de Evaluación Independiente del FMI (OEI) otra nota pública en la que explicitábamos las irregularidades cometidas y manifestábamos la necesidad de que se llevara a cabo una investigación exhaustiva sobre el otorgamiento del préstamo al gobierno de Macri en el 2018 y el destino de los fondos desembolsados (fuga de capitales) para lograr que se delimiten las responsabilidades. (Ver anexo 3)

Durante el año 2021 siguieron las negociaciones. El mundo comenzó a normalizarse luego de las vacunas y el control parcial de la pandemia; y las autoridades de nuestro gobierno comenzaron a hacer gala de la importante recuperación económica.

Los funcionarios del Poder Ejecutivo nos decían que íbamos a tener 4 años de gracia durante los cuales íbamos a poder llevar adelante nuestras políticas sin injerencias del FMI, que íbamos a poder pagar con el crecimiento de la Argentina, que nos iban a eliminar las sobretasas y recargos, que iban a conseguir que otros países, como Rusia, China, España, México, nos facilitarían parte de sus DEGS porque ellos no los utilizaban, que la negociación iba por muy buen carril y que debíamos confiar en ellos.

Era muy obvio que nosotros no creíamos. Les mostramos cuadros que exhibían claramente que no sólo era impagable la deuda como la había dejado Macri, sino que iba a ocurrir lo mismo con la refinanciación que ellos estaban conversando con las autoridades del FMI.

Trabajamos en propuestas de leyes que tuvieran como eje lo expresado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2021, en el acto en conmemoración del día de los Derechos Humanos, en Plaza mayo, con el presidente Alberto Fernández y junto a los ex presidentes Lula y Mugica.

Allí, ella dijo:

“El FMI vivió condicionando la democracia argentina, pero digámosle al Fondo que nos ayude a recuperar los miles de millones de dólares que se fugaron al exterior” “A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina se los llevaron afuera, necesitamos que el FMI nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales que se han ido miles y miles de millones de dólares en evasión.

Comprómetase Sr Presidente a que cada dólar que encuentre en el exterior se los vamos a dar al FONDO, de los que se la llevaron sin pagar impuestos, se la fugaron. Que sea un punto de negociación con el Fondo”

Y además convoque a todos los partidos con representación parlamentaria, para que todos unidos como argentinos de bien le digan al Fondo que no se va a aprobar ningún plan que no sea este que permita que la recuperación económica. Es el deber de todos los argentinos , sobre todo de aquellos que pertenecen a la fuerza política que volvió a traer al FMI a la Argentina.”

Yo creo compañero Presiden te que Ud. debe convocar a un gran acuerdo nacional, UN GANA, para solucionar el problema estructural del bi monetarismo en la Argentina”

Tampoco aquí se nos escuchó. Se pensó que sólo era un discurso en un acto público. Se nos ignoró. Y los proyectos solo quedaron en eso, en proyectos.

1. Pérdida de reservas del banco central.

También veíamos con preocupación que los generosos superávits comercial de los dos años (2020 y 2021) se esfumaban de las arcas del Banco Central, sin la menor preocupación o acción por parte de nuestras autoridades.

UTILIZACIÓN DE LAS DIVISAS POR PARTE DEL BCRA

-en millones de dólares-

2020

2021

Pagos a los acreedores privados externos

2.000

500

Pagos al FMI

1.560

5.070

Pagos netos a otros Org Fin Internacionales

520

700

Pago deuda financiera de las empresas privadas

3.000

5.030

Compra particulares en el mercado minorista

2.000

600

Intervención Mercado CCL y MEP

1.000

2.000

Servicios: fletes, seguros, viajes, utilidades

1.500

4.500

TOTALES

11.580

18.400

Fuente: Elaboración propia en base a Balance Cambiario. BCRA

Como se podrá apreciar, el destino de los 31.612 millones de dólares que se generaron por los superávits comercial externo del 2020 y 2021 y el aporte de los Derechos Especiales de Giro del FMI no se acumularon durante estos dos últimos años y fueron, prácticamente en su totalidad, al pago de deudas del Estado y del sector privado, complementado por la intervención cambiaria del BCRA para “calmar” a los mercados.

Hemos pasado estos dos años penando por la presión devaluatoria de los grandes operadores, por la brecha cambiaria y por la aplicación de medidas cada vez más restrictivas, para una gran parte de la sociedad, en el uso de las divisas.

La contrapartida de ello, fue la falta de acumulación de Reservas Internacionales y la expansión de las LELIQS, las Letras de Liquidez del BCRA, por las cuales, este organismo, absorbe liquidez, abonando intereses a los bancos mediante una emisión monetaria anual superior a la que recibe el Tesoro Nacional.

Este esquema cambiario, monetario, financiero y fiscal ha dado claramente muy malos resultados. No sirvió como ancla inflacionaria, tampoco se cerró la brecha cambiaria, las expectativas negativas y las presiones devaluatorias aún continúan y las autoridades económicas han debido incrementar recientemente la tasa de interés.

Por lo tanto, consideramos que ese funcionamiento debe ser abandonado y reemplazado por otro que ponga énfasis en la acumulación de Reservas Internacionales, de manera de pasar de la debilidad actual en la materia, a una fortaleza suficiente que comience a marcar un camino de autonomía en las decisiones de política económica.

Siempre hemos sido propositivos en este sentido. Hemos aportado muchas iniciativas para acumular Reservas Internacionales y para estimular la demanda interna y el ahorro en moneda nacional, que, lamentablemente no fueron tomadas en cuenta.

Propusimos, entre otras iniciativas:

1. La creación de un Registro de Deudas Privadas con el Exterior tomando como modelo las Comunicaciones del BCRA “A” 3602 y 4237 vigentes desde 2002 y 2004 respectivamente y anuladas por la gestión de Sturzenegger en el BCRA.
2. La implementación de un sistema informático de autorización de importaciones, que, al igual que el anterior, consideramos que deberían ser públicos y transparentes.
3. La necesidad de refinanciar con los organismos financieros internacionales los vencimientos de los distintos préstamos.
4. La implementación de programas de ahorro en pesos con fines específicos como préstamos para la vivienda, construcción, infraestructura y bienes durables, de manera de reorientar la liquidez excedentaria del sector privado que hoy sigue yendo al dólar.
5. El establecimiento de líneas de créditos para los bancos mediante la creación de fideicomisos o el fortalecimiento del Programa de Crédito para la Inversión y la Producción del BCRA con los recursos que hoy se destinan a las LELIQs
6. El establecimiento de apoyo público a sectores productivos específicos que puedan rápidamente sustituir importaciones o industrializar exportaciones agregando valor.
7. El control más intenso de la AFIP a sectores exportadores claves, especialmente el agropecuario y la minería; entre otras iniciativas.

Nada de esto se fue implementado y hemos llegado hasta acá con una debilidad extrema en materia de divisas disponibles por parte del Estado. Hemos construido un camino de reglas macroeconómicas de extrema fragilidad, que no ha dado los resultados esperados en ningún orden (ni cambiario, ni inflacionario, ni fiscal, ni monetario, ni social).

A nuestro juicio, y como lo hemos venido repitiendo durante estos dos años, la acumulación de divisas genuinas, fortaleciendo las Reservas Internacionales, es la manera más virtuosa para que se consolide el gran crecimiento económico que hemos tenido este año y que sigue siendo tan necesario para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas.

1. Reestructuración o refinanciación

Hasta prácticamente finales del 2021, siempre se hablaba de una nuevo plan más amplio que el Stand by del 2018 y que era el Plan de Facilidades Extendidas de 10

años que era lo máximo que podía otorgarse según los estatutos del FMI. Por ello se nos argumentaba que no se podía pedir los 20 años que nosotros insistíamos.

Ahora bien, cuando se otorgó el crédito a Macri en el 2018 se violaron -con complicidad del Staff del FMI- varias normas fundamentales del estatuto del FMI y ahora no se podía pedir una ampliación de plazo que realmente hiciera sustentable el pago.

A principios de este año apareció una importante novedad que muestra claramente las verdaderas intenciones del FMI; que fueron las de siempre, las que hicieron en todos los países y que obviamente iban a exigir a la Argentina.

Se trataba de un verdadero pliego de condiciones de rendición. Así nos enteramos que ya no era reestructuración en un nuevo plan, sino que era refinanciación con revisiones cada tres meses durante dos años y medio, con metas y exigencias incumplibles y que si no se cumplían no habría refinanciación, tampoco nuevos plazos. Es decir, durante dos años y medio íbamos a quedar al borde del precipicio.

¿Qué había pasado entonces desde Agosto de 2020 hasta ahora, cuando se remitió la carta a la Titular del FMI y se hicieron los tweet que mencionamos? ¿Qué y por qué se cambió? ¿O se nos mintió?

Se debe ahora firmar el “Memorando de políticas económicas y financieras” y el “Memorando de entendimiento técnico”, donde están todos los condicionamientos y exigencias incumplibles y que ya analizaremos más adelante.

El nuevo Director del FMI para el hemisferio occidental que asumió hace poco sus funciones, el brasileño Illan Goldfajn, está convencido que este acuerdo es un puente para que el nuevo gobierno que asuma después del año 2023, tenga la capacidad de hacer las reformas para poner las cuentas en orden y crecer.

También, por otro lado, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha dicho que no se pidieron más reformas porque el “ala radicalizada del Frente de Todos no la aceptaría”.

Es decir, no hay aquí un NUEVO FMI comprensible y que nos quiere ayudar, sino el mismo de siempre y que solo intenta ganar tiempo, y que a partir del 2023 con un gobierno de signo político diferente, llevar adelante sus verdaderas exigencias que no son otras que las que han hecho en todos los países y en todos los acuerdos anteriores en la Argentina.

Se nos recitaba casi como un dogma que era imposible acceder a 20 años de plazo y en la propuesta que estamos analizando se terminará de pagar en 16 años.

Todos saben, incluido el staff del Fondo, los funcionarios argentinos y todas las fuerzas políticas; que es imposible que la Argentina pueda pagar 20 mil millones de dólares de deuda por año. Es decididamente insostenible e impagable.

¿Por qué entonces no se insistió en la necesidad de mayor plazo para que verdaderamente se pudiera pagar?

¿Al FMI realmente le interesa cobrar la deuda; o quiere eternizarla como una soga al cuello que extorsione al actual y futuro gobierno, para ser ellos los que decidan qué hacer con los argentinos, sus bienes y sus vidas?

¿Esto nunca lo tuvieron presente nuestros funcionarios?

1. Acuerdo FMI- Argentina: ULTRA VIRES?

Los expertos en deudas soberanas de los Estados y sus relaciones con el FMI, Karina Patricio Ferreira Lima, de la Facultad de derecho de la Universidad de Leeds, Inglaterra; y Chris Marsh, asesor principal, Exante Data, de Inglaterra; realizaron un estudio denominado: “El Acuerdo Stand-By del FMI con Argentina en 2018: ¿Un acto ultra vires?”, donde expresan (Ver Anexo 4):

Las conclusiones de este documento son múltiples. En primer lugar, la facultad del FMI de prestar apoyo a la balanza de pagos de sus miembros está condicionada a una serie de condiciones acumulativas: los recursos generales del Fondo sólo se pueden poner a disposición de sus miembros con carácter temporal; el apoyo debe prestarse con las salvaguardias adecuadas; y debe acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de la balanza de pagos del beneficiario. Estas condiciones sustantivas son disposiciones de derecho positivo que emanan del tratado constitutivo de la organización y establecen el alcance de las competencias del Fondo, por lo que no pueden dejar de cumplirse por ningún motivo, incluida la autoría (ownership) del programa por parte del país prestatario. Es mandato exclusivo del Fondo, según su tratado constitutivo, garantizar que esas condiciones se cumplan en todas las circunstancias, adoptando procesos de evaluación y de toma de decisiones adecuadas, así como actuando con diligencia en la aplicación de dichas normas a los casos individuales.

En segundo lugar, el Fondo ha actuado de forma ultra vires al aprobar el ASB por dos razones principales. Primero, no garantizó las salvaguardias adecuadas para la provisión de sus recursos generales. Esta falta en el programa puede observarse no solo en términos de su diseño -que careció de ajuste externo, suposiciones manifiestamente irrazonables acerca de los entradas privadas de capitales financieros y un importante

“agujero negro” contable de 20.000 millones de dólares-, sino también porque, como resultado, sobrestimó injustificadamente la sostenibilidad de la deuda y aprobó el acceso excepcional en violación de la política de acceso excepcional del Fondo de 2016. Al hacerlo, el acuerdo ha producido una significativa exposición del FMI a la deuda insostenible de Argentina, que el propio Fondo ha exacerbado tras la aprobación del ASB. En segundo lugar, era razonablemente previsible que el diseño del programa resultara en una extensión de la duración y en una intensificación del grado de desequilibrio de la balanza de pagos internacional de Argentina por falta de requisitos apropiados en materia de GFC, que (basándose en la experiencia y en los datos que el FMI razonablemente debería haber tomado en consideración) el Fondo tenía el mandato legal de solicitar.

En tercer lugar, si bien tanto la legislación de los actos ultra vires por parte de organizaciones internacionales como sus implicaciones jurídicas son un ámbito no resuelto del DIP, parece que el ASB ultra vires constituye un acto anulable que dejaría de producir efectos jurídicos a partir de la fecha de reconocimiento de su invalidez. En ausencia tanto de un acuerdo subyacente válido como de una actuación internacional ilícita tras la aprobación del ASB -en cuyo caso surgiría la obligación de indemnizar por daños y perjuicios-, sostenemos que los efectos entre las partes de la nulidad del ASB deben regirse por el derecho internacional del enriquecimiento injusto. En la práctica, esto significa que Argentina debería restituir el capital al FMI quien, a su vez, debería restituir a Argentina las tasas cobradas por el préstamo, los sobrecargos, la comisión por compromiso y los cargos por el servicio de la transacción. Teniendo en cuenta la incapacidad de la Argentina para restituir el remanente de la compra (unos 42.000 millones de dólares) de forma inmediata, sostenemos que las partes deberían negociar sobre la base del principio de equidad un horizonte temporal ampliado para la liquidación que facilite el ajuste externo sin comprometer la prosperidad nacional.

En cuarto lugar, aunque parece no haber jurisprudencia en el derecho internacional sobre la responsabilidad por daños del personal de las organizaciones internacionales, los principios pertinentes del derecho privado inglés en casos análogos parecen sugerir que la restitución debida por el FMI a la República Argentina ocurre sin perjuicio de la responsabilidad por daños del personal y de funcionarios que puedan haber proporcionado un asesoramiento negligente al Directorio Ejecutivo sobre la capacidad del Fondo para celebrar el acuerdo.

En quinto lugar, dada la ausencia de un órgano de revisión, ya sea judicial o político, dentro del marco institucional del Fondo, sólo la CIJ estaría facultada para asesorar sobre la validez legal del 30

ASB a través de su vía consultiva, ya sea a petición de la Asamblea General de la ONU o del propio FMI. De lo contrario, el litigio requerirá una solución política, que podrá alcanzarse en cualquier momento con el compromiso de buena fe de las partes y de la comunidad internacional en general.

Existe además una investigación penal en la Argentina que podría llegar a complicar a funcionarios del Staff a pesar de las salvaguardas penales que ellos tienen y nunca nada se les dijo de eso en la negociación….

17 ) Informe ex post del FMI: Diciembre de 2021

La evaluación ex post (que realizaron las autoridades del FMI en diciembre de 2021), se realiza en el caso de todo préstamo del FMI que supere los límites de endeudamiento normales y busca examinar los resultados en relación con los objetivos originales del programa, así como analizar si el programa estuvo correctamente concebido y evaluar su congruencia con las políticas del FMI.

La evaluación ex post evidencia que la Argentina tenía la oportunidad de demostrar el saqueo garantizado por el Fondo y el macrismo, y no se aprovechó.

El programa buscaba 4 objetivos claros: restablecer la confianza de los operadores económicos, reducir los desequilibrios fiscales y de balanza de pagos, mejorar la situación de la población y disminuir la inflación.

Por supuesto, la burocracia del Fondo se cubre las espaldas y la conclusión de la evaluación ex post, es que los funcionarios cumplieron con las políticas y los procedimientos del FMI, incluidos los relacionados con el financiamiento, las salvaguardias y la concepción del programa.

El equipo técnico del Fondo reconoció explícitamente que el dinero obtenido a partir del Acuerdo Stand By se fugó casi en su totalidad y que a su vez el mismo estuvo fuertemente influenciado por motivaciones político-electorales. Sin embargo, culparon al gobierno de Cambiemos por no querer introducir medidas de control de capitales antes de las elecciones del 2019.

Esto demuestra que se trató de un acuerdo político, con fuertes implicancias geopolíticas, y no de un acuerdo económico. El macrismo se asoció al Fondo para establecer el nuevo estatuto legal del coloniaje en la Argentina y permitir la fuga masiva de capitales.

Por otro lado, queda evidenciado que el programa político y económico impuesto por el Fondo y el gobierno anterior, estaba destinado al fracaso. Los cuatro pilares principales no solo no se cumplieron sino que se agravaron: Aumentó la desconfianza en el mercado, aumentaron la pobreza y la inflación; y se redujo el déficit de la balanza de pagos a costa del desplome de las importaciones, producto de la devaluación y la caída estrepitosa de la actividad económica y del salario real.

No se hacen cargo del fracaso de lo que ellos mismos impulsaron puesto que no se alcanzó ninguno de los objetivos planteados a pesar de las significativas correcciones de las políticas económicas, producto de su monitoreo constante y diario.

Tampoco se hacen cargo de haber continuado con los desembolsos a pesar de la continuidad de lo que ellos mismos reconocen: La fuga de capitales permanente.

En resumen, reconocen que el programa en agosto de 2019 ya había fracasado.

Por supuesto, con el cinismo que caracteriza a la diplomacia financiera mundial, los directores lamentaron que el programa de 2018 no alcanzara los objetivos de restablecer la confianza del mercado, aminorar los desequilibrios externo y fiscal, reducir la inflación y proteger a los segmentos más vulnerables de la población.

Consideraron que la estrategia y la condicionalidad del programa no fueron suficientemente sólidas como para abordar los problemas estructurales tan arraigados de Argentina, como la fragilidad de las finanzas públicas, la dolarización, la fuerte inflación, la escasa transmisión de la política monetaria, el reducido tamaño del sector financiero interno y la estrecha base de exportaciones.

Los técnicos del FMI afirmaron que usaron las proyecciones de crecimiento de las autoridades argentinas para realizar el programa. Estos supuestos generaron una visión “optimista” que obstaculizaron una evaluación sólida de la sostenibilidad de la deuda; se evaluó que la deuda pública era sostenible pero no con alta probabilidad. Es decir, esta estafa y saqueo al conjunto del pueblo argentino fue posible gracias a los números que dibujó el gobierno anterior y que el FMI aceptó complaciente.

Es verdad que varios directores cuestionaron la viabilidad de la adopción de las medidas que se aplicaron en Argentina y señalaron que el fracaso de este Acuerdo Stand-By ha creado importantes riesgos financieros y de reputación para el FMI.

Y si bien coincidieron en general en que el Acuerdo Stand-By fue congruente con las políticas y los procedimientos del FMI, reconocieron que la aplicación de algunas de estas políticas implicó un considerable juicio subjetivo.

La gran mayoría coincidió en defender a los funcionarios técnicos actuantes y sólo unos pocos directores cuestionaron que se hubiesen utilizado criterios subjetivos sobre la sostenibilidad a mediano y largo plazo de la deuda, la posibilidad de acceso a los mercados financieros privados y la capacidad de los funcionarios argentinos de ese entonces para implementar el programa.

Estos pocos directores, reconocen así, indirectamente, que la balanza para otorgar ese desproporcionado financiamiento a la Argentina, se inclinó, más por razones subjetivas (políticas quizás) que por verdaderos fundamentos técnicos y objetivos.

También dejaron remarcado que, si bien se siguieron los procedimientos normales de evaluación de los riesgos, los riesgos más amplios podrían haberse destacado más, y que el Directorio podría haber participado en el proceso más a fondo y desde más temprano.

Muchos directores consideraron que una evaluación del Acuerdo Stand-By con Argentina por parte de la Oficina de Evaluación Independiente podría haber complementado las conclusiones de la EEP. Por supuesto esta Oficina no tomó el caso argentino para su análisis y revisión.

El Informe de la evaluación también incluye las consabidas recomendaciones a su propia línea de funcionarios sobre los “aprendizajes” y “lecciones” que ha dejado para el futuro la experiencia del stand by del 2018. (Ver anexo 5, informe ExPost)

Como menciona la carta de los Senadores a la OIE, ya mencionada:

“También en 2004, la OIE publicó un reporte de 184 páginas sobre el caso argentino y las relaciones entre nuestro país y el FMI entre 1991 y 2001. Ya ahí se hacían críticas a la conducción del organismo y se aportaban una serie de “lecciones” y recomendaciones, que, lamentablemente, parecen no haber sido tomadas en cuenta por los funcionarios que participaron del SBA del 2018.

Es decir, que, al parecer, el proceso de aprendizaje institucional del Fondo no ha sido muy fructífero hasta el presente, porque, prácticamente, en el otorgamiento y gestión del SBA del 2018 se han repetido los mismos errores y desajustes que implicaron el fracaso de los préstamos de la década del ´90 y que fueron señalados en el Informe mencionado precedentemente. Tampoco parece que las recomendaciones que surgían del mismo hayan sido adoptadas.

De lo que sí estamos plenamente seguros, es que ese aprendizaje nos ha costado muy caro a los argentinos. Y lo hemos pagado y lo estamos pagando, no sólo con la devolución del capital, los intereses y los cargos que el Fondo le cobra al país, sino, y fundamentalmente, con la pérdida de calidad de vida de nuestra sociedad.

Lo hemos pagado y lo estamos pagando todavía con la pobreza, la indigencia, la falta de oportunidades, el desempleo, el cierre de pequeñas y medianas empresas y de comercios familiares, el desajuste de todas las variables macroeconómicas.

No somos el único país, donde los pueblos pagan con su sufrimiento los desaguisados que producen en sus sociedades las políticas del FMI. Egipto, Ecuador, Grecia, entre otros, son también ejemplo de la falta de “aprendizaje institucional” del Fondo.

Quizás haya llegado la hora de replantear la validez del conjunto de normas diseñadas a partir de Bretton Woods y de seguir insistiendo con la generación de una nueva arquitectura financiera internacional.”

Según las proyecciones del propio organismo, nuestro país, bajo el Acuerdo Stand-by, sería la principal fuente de reintegros en conceptos de capital e intereses entre 2021 y 2024. En 2021 hubiésemos aportado el 47% de los desembolsos, en 2022 el 70% de las devoluciones y en 2023 el 55%. Fue irresponsable por parte del anterior gobierno acordar un cronograma de pagos de imposible cumplimiento, así como también el staff del FMI al atar un porcentaje tan alto de sus ingresos por capitales e intereses al desempeño de un solo país.

La mitad de los ingresos del Fondo son dependientes de un solo prestamista: la Argentina. Ningún banco del mundo cometería semejante error. El FMI hizo uso y abuso de la posición de acreedor dominante.

La credibilidad y la legitimidad del Fondo se han visto dañadas producto de este préstamo. Esta oportunidad no se supo aprovechar por parte del gobierno nacional para renegociar una deuda que es impagable. Y hoy la Argentina tiene nuevamente la soga al cuello del FMI.

La evaluación ex post también provocó que distintos países miembros de la Junta del FMI declarasen su postura respecto a cómo se llevó a cabo el Acuerdo Stand-by con la Argentina.

La primero que queda expuesto es que la Junta tuvo poca información respecto a la situación de nuestro país previo a firmar el Acuerdo y fue presionada para aprobar el préstamo más grande de la historia del organismo, bajo el pretexto de “actuar rápido”.

En ese sentido, Alemania declaró que la situación dejó al FMI en riesgos significativos para su balance y reputación y que se deben extraer aprendizajes de las “fallas” del préstamo a Argentina; así como que el personal del FMI debería haber desafiado “las líneas rojas” de las autoridades argentinas de ese entonces y criticaron la presentación a la Junta de los hechos consumados del Acuerdo.

Brasil, por su parte, dejó asentado que los informes técnicos del personal apoyaron en gran medida la estrategia preferida de las autoridades argentinas de ese entonces y se mostraron preocupados por la ausencia de medidas de manejo de flujos de capital.

Hasta el Reino Unido afirmó que los países de la Junta fueron presionados para aprobar rápido el Acuerdo debido a las “circunstancias difíciles”. Y se mostraron preocupados porque no se establecieron planes de contingencia claros, ignorando las advertencias del informe de la OEI del FMI de 2004, en base al desempeño del organismo en la Argentina entre 1991 y 2001.

La mayoría de los países que expusieron frente a la evaluación ex post señalaron que hubo presupuestos optimistas y poco realistas a la hora de firmar el acuerdo. También entienden que se deberían haber tomado medidas de control de capitales para evitar la fuga y muchos de ellos coincidieron en que los “errores” del último préstamo ya habían sido advertidos en el informe del 2004 de la OEI antes citado.

Es llamativo lo que señalan, por ejemplo, los representantes de Egipto, resaltando que el Acuerdo de 2018 estableció un récord en términos de velocidad de tramitación y se apartó de los procedimientos habituales; y la India, que se mostró preocupada principalmente por el hecho de que el préstamo financió la formación de activos externos, rescató acreedores privados y no apoyó el bienestar del pueblo argentino.

Por otro lado, es sumamente interesante lo que señalaron los representantes de la República Popular China, alertando que antes del inicio del programa, ha habido sospechas e informes de que el Fondo fue presionado para proporcionar préstamos a

Argentina; agregando que en caso de que hubiese habido presión política de un tercero, la parte que ejerció la presión política también debe asumir la responsabilidad pertinente. (Ver anexo 6, informe ex post, valoración de los países)

Si tantos países miembros de la Junta del FMI resaltaron las irregularidades y los “errores” cometidos por el staff del Fondo, ¿por qué la actual delegación negociadora del gobierno argentino no utilizó estos argumentos para presionar en favor de llegar a un acuerdo que atienda la excepcionalidad e irregularidad de este caso? Esta oportunidad tampoco se supo aprovechar por parte del gobierno nacional para renegociar una deuda que es impagable.

Por otra parte, ¿por qué la actual delegación no solicitó, desde el inicio de las negociaciones con el Fondo, un nuevo análisis de la OIE, como plantearon los representantes del Grupo África en su declaración en la Junta?

¿Por qué no se pidió una revisión de la legitimidad cuando la propia evaluación reconoce una violación del artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI que indica que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”?

Naturalmente, quienes se opusieron a la visión crítica de los técnicos del Fondo y refrendaron la visión del propio FMI y el anterior gobierno argentino, fueron los Estados Unidos. Para ellos era “poco realista” que el organismo recomendase frenar la fuga mediante el control del flujo de capitales. A su vez, rechazaron la evaluación de las autoridades de que el programa fracasó debido a su motivación política y al financiamiento de la fuga.

Respecto al gobierno de Macri sentenciaron que “las autoridades argentinas demostraron un compromiso significativo, recurriendo de manera proactiva al Fondo en busca de apoyo antes de una crisis total y aceptando la responsabilidad de la austeridad monetaria.” Y respecto al nuevo acuerdo entienden que requiere una “clara política monetaria como pieza central de una estrategia integral para abordar la inflación”, es decir más ajuste.

Mauricio Claver Carone, ahora presidente del BID designado por el presidente Donald Trump, y en ese momento representante de los EE.UU. ante el FMI, dijo en 2020 que EEUU apoyó el préstamo por “su interés en Latinoamérica”, inclusive contra la resistencia de Europa. Los factores geopolíticos jugaron un papel clave. Sostener un gobierno alineado con los EE. UU. era sustancial.

En síntesis, casi la totalidad de los países reconocieron que este acuerdo pone en riesgo la legitimidad del Fondo, porque todos saben y pocos dicen que el acuerdo no es legítimo.

Por otro lado, vemos con preocupación el pedido de algunos países con peso geopolítico respecto a la necesidad de que un nuevo Programa del FMI para la Argentina incluya “reformas estructurales por el lado de la oferta”, bajo el eufemismo del “desarrollo de la capacidad de exportación de la Argentina” y “la atracción de inversiones extranjeras”.

Es decir, que a través de normas se cristalice un modelo productivo basado en que nuestro país se convierta en una plataforma de exportación, concentrado en grandes conglomerados de empresas, en su mayoría extranjeras, que implicaría un recrudecimiento de la concentración y extranjerización de la riqueza nacional. Esto redundaría en un límite al desarrollo autónomo, justo y soberano.

1. FMI: default o arreas, qué sucede ante el no pago al FMI:

En 1944 se crea el FMI y desde ese entonces hubo 33 incumplimientos prolongados mayores a 6 meses, la mayoría de ellos (28), ocurrieron entre mediados de la década de los ´80 y los ´90, El plazo promedio de los incumplimientos fue de casi 8 años.

En primer lugar hay que decir que para el Fondo no existe el DEFAULT sino que ellos hablan de “arreas” atrasos y que este ocurre cuando un estado no abona un vencimiento en su fecha.

En 1989, y ante el cúmulo de incumplimientos o atrasos, el FMI estableció un protocolo para los casos en que los países no abonen sus cuotas a la fecha de los vencimientos. Y según el mismo, no hay plazos adicionales.

Y ahí comienza el siguiente mecanismo: Durante los primeros 15 días, el FMI se comunica con el país para expresarle la gravedad de la situación y exigir el pago, Al mes, el/ la Directora Ejecutiva debe notificar al Directorio de la situación y a los dos meses se emite una queja.

A los tres meses se sube a la página web del organismo la información sobre la situación de incumplimiento del país y se impide al mismo el uso de los DEG (en el caso de Argentina esto resulta inocuo puesto que ya fueron utilizados y prácticamente no quedan DEG en las reservas internacionales).

Desde el principio el país es llamado a negociar nuevos acuerdos. De no lograrse, recién en el mes 18, aproximadamente, se le suprime el derecho a voto y a los dos años se analiza la posibilidad de expulsarlo del organismo.

A pedido de la Argentina el FMI podría posponer la obligación del pago, como ya ocurrió en el año 2002, cuando el Gobierno Argentino amenazó con incumplir el pago

y el FMI accedió a posponer la obligación por un año. Al año siguiente le concedió un nuevo crédito Stand By, sin condicionamientos y, en 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, le pospuso nuevamente un vencimiento sin condicionamiento alguno. Como relatamos antes, esa deuda se abonó anticipadamente y por completo en Diciembre de 2005.

Es nuestra verdad relativa y claro que habrá otros caminos posibles, pero en primer lugar hay que estar convencido de ello y tener coraje para poder ejecutarlo.

Y esta opción en algún momento se evaluó en nuestro gobierno: Solicitar una suspensión de un año en los vencimientos hasta llegar a un nuevo acuerdo que verdaderamente sea sustentable y cumplible; y no sujeto a extorsiones y condicionamientos, desconocemos los motivos por los cuales se descartó.

¿Quién dejó transcurrir los plazos para que llegáramos a esta situación?

¿Por qué no se solicitó en el año 2020 o 2021 la postergación de los pagos y las sobrecargas de intereses?

¿Por qué nos pusimos nosotros mismos al borde del abismo?

¿Por qué hay compañeros que hoy -de buena fe- creen que es firmar esto o el desastre?

¿Por qué se ocultó sistemáticamente la verdad?

¿Alguien puede contestarme estas preguntas?

Si el auto está al borde del precipicio es obvio que no hay que acelerar. Hay que frenar, dar marcha atrás buscando una distancia razonable, CAMBIAR LA TRIPULACION y volver a NEGOCIAR.

1. La negociación: Inexperiencia, ingenuidad o debilidad

Estoy absolutamente convencido de que fue equivocada la gestión de la negociación llevada adelante por los funcionarios de nuestro gobierno con el FMI, cuyo principal responsable fue el gabinete económico del Poder Ejecutivo.

Esta no fue una negociación del Frente de Todos, sino de ese grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo que nos dejaron al borde del precipicio y nos extorsionan para que aprobemos en sobre cerrado sus actos irresponsables, o vendrá la catástrofe.

INEXPERIENCIA, INOCENCIA, INGENUIDAD O COMPLICIDAD. No lo sabemos. Si alguna

o todas estas fueron las causales de llevarnos hasta aquí, ojala la historia nos lo pueda dilucidar.

Nada se consiguió en estos dos años de negociación y siempre fuimos cediendo y retrocediendo hasta ponernos al borde del precipicio con una falsa opción.

1. Los Memorando suscriptos:

En principio creemos que es tan exigente, y muchas veces difuso y contradictorio, y en otras con expresiones tan amplias y generales; que deja a la absoluta y total discreción y arbitrio del STAFF y técnicos del Fondo decidir si el Gobierno cumplió o no cumplió con las metas y objetivos.

Para decirlo con claridad: No serán evaluaciones técnicas, sino políticas, como siempre hizo el FMI y si hay incumplimiento no será por responsabilidad de ambos, sino de las autoridades locales que serán disciplinadas con nuevas exigencias.

Es muy claro que los compromisos no se podrán cumplir, (y esto lo sabe el staff del fondo) y qué pasará si (como en Grecia, que los obligaron a vender islas para pagar), aquí, como ya lo han dicho varios, vienen por nuestros cataratas, nuestros glaciares, nuestra reservas de agua dulce o las segundas reservas de gas no convencional del mundo que hay en Vaca Muerta, en mi provincia de Neuquén, y de las que sólo se ha explotado menos del 6 %.

Ficción o realidad, no lo sabemos, será cuestión de tiempo.

Está muy claro que el contexto internacional ha cambiado radicalmente. Es imperiosa la necesidad de replantear todos los indicadores o proyecciones que fueran realizadas antes del conflicto entre Rusia y Ucrania. Estamos asistiendo a un conflicto entre dos de los principales proveedores de insumos agrícolas, industriales y energéticos del mundo, con su impacto sobre los precios y la inflación.

Según el Diario El País de España: Hay que remontarse a diciembre de 1986 para encontrar niveles similares en España. La gasolina subió un 25,1%, el diésel un 28,4%, y la electricidad un 80,5%. Entre los alimentos a los que se extiende el contagio inflacionista destacan las subidas del aceite de oliva (30,6%), otros aceites comestibles (32,3%), pastas alimenticias (19,9%), harinas y otros cereales (11,7%), alimentos para bebé (10,5%), carne de ovino y caprino (9,5%), arroz y leche desnatada (9,4%), leche entera (9,3%) y café (8,2%). Fuente:(https://elpais.com/economia/2022-03-11/la- inflacion-escala-en-febrero-al-76-mientras-la-guerra-alienta-nuevas-subidas-de- precios.html)

¿Es muy descabellado pensar que, con esta crisis mundial, las economías de los países tengan una recesión en su PBI como el 2020? Con lo cual el Marco de políticas y programa económico 2022 2024, descripto en el Memorando de políticas económicas y financieras, debe ser revisado por completo.

Sin perjuicio de ello, analizaremos a continuación los puntos que consideramos más importantes del Memorando de Políticas Económicas y financieras.

En el punto 7 describen los antecedentes MACRO Económicos y apuntan a lograr una estabilidad inflacionaria y expresan que se necesitan más medidas para mejorar las finanzas públicas, depender menos del financiamiento monetario y ampliar la cobertura de las reservas garantizando a la vez la competitividad del tipo de cambio real.

Ahora bien, y atento a lo mencionado sobre el financiamiento monetario es necesario volver a recordar que la inflación, no solo en Argentina sino también en el mundo, es multicausal. Continuar con la teoría que solo depende de regular la emisión monetaria es falso. Prueba de ello reciente, es la disparada de precios de alimentos y energía que vive hoy Europa como consecuencia de la Guerra.

A Continuación, detallaremos un cuadro en donde se exhibe la base monetaria y la inflación en nuestro país, desde el año 2002 a 2021, que es por demás demostrativo y contundente para afirmar que la inflación no depende de la emisión monetaria, sino que es multicausal.

Como se observa, en los últimos años y en medio de la pandemia, la emisión fue de 8,9% y 6,1% del PIB, en los años 2020 y 2021 respectivamente; con una inflación para dichos años de 34% y 49%.

Sin embargo, como se visualiza en el cuadro, en el año 2019, ya con el FMI en nuestras oficinas, fue de 5,6% del PIB, pero la inflación llegó al 53%. Es decir, se bajó la emisión

monetaria pero la ¡inflación, fue la más alta desde el año 1989, y con la supervisión del Staff del FMI!

Y miren que paradoja, en el año 2004, la emisión fue del 9,3% del PIB, y la inflación tan solo del 4,4%, por citar algún ejemplo. En definitiva, no caben dudas que la inflación no depende exclusivamente de la emisión monetaria.

Por otra parte, en el marco de la Pandemia global que azotó a todo el mundo; los países de Europa y los Estados Unidos (aunque para algunos liberales les cueste reconocerlo) han emitido una enormidad de billetes, por decirlo vulgarmente, le han dado a la maquinita.

Veamos. En Europa, los Bancos Centrales, durante la pandemia, han vivenciado una histórica emisión monetaria, lo llamaron: “Helicopter Money”.

Recordemos también que con la crisis del año 2008 en Europa y EEUU la emisión fue altísima y, no obstante ello, la inflación muy poca.

Con el COVID, durante 2020, la oferta monetaria de Estados Unidos ha crecido casi un 24%.

Según datos de la FED, el volumen de dólares ha pasado de US$15,33 billones a fines de 2019 a US$19,1 billones a finales de noviembre.

A eso debe sumársele que con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, se ha puesto en marcha un plan de US$1,9 billones para estimular la mayor economía del mundo, debilitada por la pandemia de covid-19.

Este plan incluye US$ 415.000 millones para impulsar la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, así como US$ 440.000 millones en apoyos para las pequeñas empresas. El billón restante fue destinado a los estadounidenses más necesitados a través de pagos directos y subsidios de US$1.400 por persona, podríamos decir un IFE TRUMP-BIDEN.

El presupuesto a largo plazo de la UE, fue concebido a 5 años para impulsar la recuperación. Será el mayor paquete de estímulo jamás financiado en Europa. Un total de 2,018 billones de euros a precios corrientes ayudarán a reconstruir la Europa posterior a la COVID-19.

Ese importe quinquenal incluye para este año el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por 723.800 millones de euros, de los cuales 385.800 millones de euros son préstamos y 338.000 millones de euros constituyen subvenciones.

Como resumen a nivel mundial, siempre refiriéndonos a la emisión: Los avanzados emitieron en promedio el 24% del PBI, los medianos el 6,1% del PBI y los pobres 1,8%.

Ello demuestra que los países más ricos han emitido sin ningún tipo de control para paliar los problemas derivados de la pandemia y no han generado inflación en dichas economías centrales y de los Estados Unidos.

En el punto 13 del memorando, exponen que los gastos de capital y metas fiscales se actualizarán para reflejar desviaciones en los desembolsos de préstamos externos; y en el punto 12 del MTE, agregan que la meta de saldo primario se adecuará de acuerdo a la evolución del gasto asociado a desembolsos de préstamos de organismos multilaterales y bilaterales de créditos fijándole un tope de 141.000 Millones (0,2% PIB) para dicho ajuste.

Nuevamente respecto a la situación actual estos límites de desvíos generan una incertidumbre muy grande donde si el crecimiento disminuye, ¿disminuirá la financiación para desembolsos de obras e infraestructura por préstamos de otros organismos internacionales de crédito (BID, Banco Mundial, el CAF, entre otros)?

En el punto 14, manifiestan que si los ingresos reales del gobierno federal, fueran superiores a lo programado, se comprometerán a aprovechar para reducir debidamente el déficit fiscal según corresponda.

¿Esto implica que bajen o anulen determinados impuestos progresivos? No lo ponen, pero tampoco lo niegan expresamente. O sea, si nos va bien, no es para mejorar la calidad de vida, sino para tener más fondos para pagar.

En este punto 14, recuerdan el reciente aumento de bienes personales, al tiempo que proponen cambar de valores fijos a ad valorem para el ITC y Dióxido de Carbono y una revaluación inmobiliaria que dé una base mayor para el impuesto patrimonial.

En este punto, si la meta fiscal se cumple, ¿está la posibilidad que bajen los tributos patrimoniales? Los impuestos patrimoniales, en los casos de bienes inmuebles, muchos destinados a viviendas familiares estarán exentos. No se entiende cómo siguen manteniendo la exención que fijó el macrismo para los inmuebles rurales y/o no ponen en agenda aumentar el impuesto a bienes y participaciones societarias sobre todo para las empresas que desarrollen actividades que no solo en la actualidad sino en la pandemia, han tenido unas rentabilidades inéditas (energéticas, telecomunicaciones, internet, formadores de precios, prepagas, empresas del sector primario, entre otras).

En el mismo punto de política tributaria, insisten en reducir las tasas de derechos de exportaciones a los bienes con valor agregado y evitar aplicar nuevos impuestos a las transacciones financieras.

En este punto de políticas tributarias, sería interesante ahondar en los impuestos sobre los ingresos brutos que tienen injerencia las provincias, pero que, para la

distribución de la base, habría que generar una división más justa, equitativa y sobre todo más federal, ya que mucha parte de la torta se la atribuye a la CABA, como el caso de las LELIQs (tributa y recauda solamente la CABA más de 50.000 Millones de pesos en el último año)

Mencionan la necesidad de seguir con planes de pago, pero no con moratorias o amnistías fiscales que puedan deteriorar el cumplimiento fiscal. Sin embargo, está en estudio la ampliación al blanqueo para construcción.

Y si en el futuro, atento a la crisis mundial, las Mipymes necesitan una nueva reestructuración de sus deudas fiscales, ¿no podrán acceder a dichas amnistías o moratorias? En principio, parecen contradictorios los términos del Memorando, con las políticas aplicadas hasta ahora por nuestro gobierno y los proyectos presentados en este Congreso.

Un punto sumamente importante es el vinculado al plan estratégico de la AFIP con el fin de abordar los altos niveles de incumplimientos. En primer lugar, las multas administrativas por incumplimientos fiscales están totalmente desactualizadas y en muchos casos los grandes contribuyentes dilatan la discusión y casi el 100% de los casos nunca terminan haciendo frente a la erogación de las multas.

Proponen armar un plan de acción con el FMI, sería bueno que en dicho plan el Fondo también se comprometa -junto con la Argentina- a la cooperación internacional para la detección de bienes o activos, sobre todo financieros sin declarar correctamente. Se necesita no tanto planes e informes, sino colaboración y cooperación en pos de evitar la evasión fiscal, para mejorar el supuesto “déficit fiscal” que tanto les preocupa al Staff del FMI.

Aprovechando la ocasión de revisar las políticas fiscales, sería bueno proponer la creación de una unidad especial que dependa de la Jefatura de Gabinete de Ministros (como existía durante el gobierno de Cristina, que Macri derogó con un decreto en 2017) para un trabajo en conjunto con distintas áreas del Poder ejecutivo, ejerciendo un control exhaustivo y preciso ante las grandes empresas, filiales extranjeras en nuestro país, y otros sujetos que detenten una capacidad contributiva similar a la que ha ingresado el aporte a las grandes fortunas. En el punto 26, levemente hacen una pequeña mención a esta coordinación, pero sin dar una profundización seria y razonable.

En el caso del punto 15, reconocen levemente la existencia de un conflicto internacional, pero insisten en reducir los subsidios a la energía en un 0,6% del PIB en 2022. Agregan que existe una estrategia para reducir los costos de la energía e incrementar el traslado de los costos de generación, garantizando una adecuada protección de la población más vulnerable y mejoras en los servicios. Como pilar

principal eliminarán los subsidios a los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago.

Sin embargo, no se ha dado publicidad a ningún informe o estudio sobre el verdadero costo de la energía. Recordemos que el macrismo había dado aumentos entre un 2.000% y 3.000% para tarifas de Luz y Gas, y para las empresas y varias asociaciones y clubes de barrio, incluso alcanzó el 4.300% de aumento; todos estos incrementos sin ningún respaldo que lo sustente. Además, que hayan estado congeladas entre 2019 y 2021 o con un pequeño aumento, no significa que estén retrasadas. Justamente para afirmar dicha posición, o sea una actualización de las mismas; antes se debe establecer cuál es el verdadero costo de la energía.

Por otra parte, tanto la AGN como el ENRE en sus informes de auditorías han manifestado que los aumentos efectuados durante el macrismo son nulos de nulidad absoluta y todo debe ser recalculado. Insistimos, durante 4 años, la inflación fue de 187%, el dólar devalúo un 268%, El Salario Mínimo Vital y Móvil, un 178%. Es hora que nos preguntemos si con un aumento de 3.000% en las tarifas, las mismas están o no desactualizadas, ¿o están sobre valuadas?

Reiteramos la AGN, en su informe de auditoría sobre el ENRE del Macrismo, fue muy claro y contundente, se aprobaron costos operativos mayores a los reales en relación a la distribución de la energía. Tampoco se han podido constatar las inversiones supuestas realizadas por las empresas de distribución de energía en el AMBA y dieron cuenta que el ENRE priorizó la rentabilidad que surge de los propios balances, ante que lo dispuesto en la ley 24.065 y el art. 42 de la CN para unas tarifas justas y razonables.

En cuanto al escenario base de reducir en un 0,6% del PBI los subsidios a la energía, el actual conflicto bélico europeo, como mencionamos más arriba, hace que las previsiones establecidas en la energía hoy no tengan visos de realidad. La reducción de los subsidios a la energía, en un clima de encarecimiento constante del GNL, se torna inviable, de muy difícil cumplimiento. Tanto fiscal como socialmente.

De acuerdo al informe elaborado por la Secretaría de Energía para la Audiencia Pública del pasado 31 de enero1, el precio del GNL importado, considerando la cotización del 12 de enero de 2022 ascendía a un promedio de U$S/MMBTU 23,72 para el periodo mayo a septiembre de 2022. Hoy, utilizando la misma fuente citada por la SE2, el promedio de U$S/MMBTU para dicho período es de 32,81.

Es necesario recordar que de acuerdo a las proyecciones de la SE se deberá importar durante el presente año GNL para cubrir el 9% del total de la demanda de gas que requiere el sistema, por lo que cualquier alteración alcista de su precio incidirá de

1 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/infome_final_-_audiencia_publica_31-1.pdf

2 LNG Japan/Korea Marker (Platts) Futures Quotes — CME Group

manera dramática sobre los costos de generación (por cada 10 dólares adicionales por millón de BTU el costo subiría en unos 1600 millones de dólares!!!).

Insistimos, mientras continúen las incertidumbres internacionales producto del conflicto bélico en Europa, dichos precios continuarán con alta volatilidad, por lo que el escenario base queda hoy día indeterminado, y no puede ser tomado por tanto como referencia para ningún programa fiscal.

Pero más allá de esta cuestión sustancial para la suerte del programa del FMI, hay otra cuestión que resulta angular, esencial para poder afrontar una discusión clara y transparente sobre la política de subsidios a la energía –o las tarifas a los ciudadanos (porque hablamos de dos caras de una misma moneda) y, sin embargo, sistemáticamente omitida. Esta no es otra cosa que los costos de la energía. Porque a partir del costo de la energía, se establecerán tanto los niveles de subsidios estatales como los niveles tarifarios que la sociedad argentina y nuestro sistema productivo deberán afrontar por éstos.

El abordaje de los costos de producción y/o generación de energía ha sido un gran tabú durante estos últimos seis años. Es algo de lo que no se habla, no se dice, no se discute.

Desde el inicio de la administración macrista, el entonces ministro Aranguren aplicó los tristemente célebres TARIFAZOS, que a pesar del fallo CEPIS de la Corte Suprema en el año 2016, no cesaron hasta el fin de su mandato: dolarización de los precios, aumentos exponenciales tanto en la generación como en el transporte y en la distribución con más la quita de subsidios generaron una fabulosa transferencia de recursos desde la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de empresas.

¿Y los costos? “Me resisto a contestar esa pregunta”, como dijera en agosto de 2016 ante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados el entonces ministro Aranguren, cuando se le consultara por el costo de producción del gas en boca de pozo.

Y así seguimos lamentablemente al día de la fecha. Sin capacidad por parte del Gobierno para determinar costos, y sin poder fijar por tanto una política eficiente de subsidios.

Y ya que hablamos de costos y de subsidios a la generación de energía, veamos cuáles fueron los rendimientos de dos compañías paradigmáticas del sector: Central Puerto y Pampa Energía — Segmento Generación-.

Según un informe del Observatorio de Servicios Públicos de la UNLP 3, durante el período 2016/2019, las principales empresas vinculadas a provisión de energía eléctrica y gas natural registraron en sus balances ganancias extraordinarias: Central Puerto tuvo ingresos brutos por USD 1969 millones y una ganancia neta de USD 1051 millones, mientras que Pampa Energía — Segmento generación- tuvo ingresos brutos por USD 2620 millones y una ganancia neta de USD 744 millones. En razón de la verdad y brevedad, en los años anteriores también han obtenido rentabilidades superavitarias, no hemos visto a ninguna de las empresas del rubro energético abandonar la actividad.

Todas esas ganancias mientras se producía un fenomenal deterioro en el poder adquisitivo de las familias, en el entramado productivo PyME y en los niveles de actividad económica en general. Ya antes se ahondó sobre la formación de activos en el exterior: el del sector energético fue unos de los sectores que mayor cantidad de divisas fugó al exterior. Vale decir, que utilizaron los dólares del préstamo del FMI que hoy estamos aquí discutiendo4.

El año 2020 estuvo atravesado por la pandemia del COVID 19. Nuestro país tuvo una caída del 10% en su PBI, que generó un aumento de la pobreza. En ese marco de deterioro económico y social, ¿cuál fue el rendimiento de las dos compañías analizadas? Según sus propios balances, en el ejercicio 2020 Central Puerto tuvo ganancias netas por USD 99 millones. Pampa Energía, USD 139 millones. MIENTRAS EL PAIS CAIA UN 10% ESTAS EMPRESAS GANARON EN SUMA CASI 240 MILLONES DE DOLARES!!

Lo mismo sucede con las empresas productoras de hidrocarburos. Veamos cuáles han sido los rendimientos económicos de tres empresas del sector, beneficiarias del Plan Gas: durante el ejercicio 2021 -recientemente publicados sus balances- se observaban ganancias netas integrales de PAE, USD 868,5 millones; Tecpetrol, USD 592,4 millones; Vista, USD 147,8 millones5.

Entonces, es importante, más allá de la decisión estatal de actualizar el precio estacional de la energía para morigerar la cuenta de subsidios, que discutamos acerca de los costos de generación y la remuneración que perciben estas empresas.

3 https://unlp.edu.ar/observatoriosp/documentos-de-trabajo-20286

4 De acuerdoal informe del BCRA “Mercado de cambios, deuda y formaciónde activos externos, 2015-

2019”, publicadoen marzo de 2020, “Al analizar la composición sectorial de las empresas que conformaron el primer decil en la formación de activos externos durante el período, se observa que los Inversores institucionales y otros, seguidos de las firmas del sector de Energía se ubicaronen los

primeros puestos del ranking entre el 17.12.15 y 27.10.19. Fueron USD 7.736 millones fugados por parte de las firmas de sector energéticode acuerdo a los registros BCRA.”

Fuente: http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Informe-Mercado-cambios-deuda-

%20formacion-de-activos%20externo-%202015–2019.pdf

5 TC Mayorista BCRA promedio.

Es necesario democratizar el crecimiento, como también las cargas y los costos. Es necesario que un área fundamental para el desarrollo de la vida como es el sector energético no concentre sus ganadores en un pequeño puñado de compañías, con millones de pobres con tarifas inaccesibles.

Tampoco su alternativa es una excesiva cuenta de subsidios estatales. Sea el Estado por subsidio, o el ciudadano por tarifa, se debe pagar por la energía un valor razonable, con niveles de ganancias razonables. Y en el actual marco de restricciones externas, quienes más deben aportar son quienes están en mejores condiciones de absorber los impactos.

Esta discusión hasta ahora no ha sido dada. Y de acuerdo a lo que se puede leer de los memorandos, el Estado argentino sólo refiere a la reducción de costos a la realización y finalización del gasoducto Néstor Kirchner, lo cual permitirá reemplazar en el futuro la importación del GNL. Si no se cumple la meta fiscal y debemos reducir la obra pública, ¿el Gasoducto Néstor Kirchner corre riesgos de su ejecución?

Y para atacar la cuestión de la energía, es necesario discutir la raíz de la cuestión, que no es otra cosa que establecer cuáles son los costos que tienen las empresas que producen y generan energía. Sólo a partir de un examen sobre los costos de las productoras hidrocarburíferas y las generadoras eléctricas podremos establecer valores justos y razonables.

Sólo en este contexto se podrán equilibrar las cargas y poder compatibilizar el esfuerzo fiscal a través de los subsidios y el esfuerzo ciudadano con el pago de tarifas justas y razonables, donde las empresas del sector tengan ganancias igualmente justas y razonables y no las ganancias extraordinarias como las obtenidas durante los últimos años.

En el memorando el Gobierno se compromete a segmentar las tarifas que pagan los usuarios residenciales con mayor capacidad de pago. Cualquier política que se tome en relación al valor tarifario que no conlleve una seria discusión sobre los costos de la energía torna engañosa a la misma.

Aun así, los sectores de ingresos altos tienen derecho a pagar una tarifa justa que refleje los verdaderos costos, y no las exorbitantes ganancias derivadas del tarifazo del macrismo y que como corolario terminan agrandando las ganancias millonarias de las empresas energéticas.

No se trata entonces de estar de acuerdo o en desacuerdo con la medida sino con el origen. Sin embargo, aun siguiendo la lógica del memorando, la segmentación puede ser entendida como una política de equidad, pero marginal en términos macroeconómicos. Está escrito: significaría una reducción del 0,06% del PBI.

Seguramente si ajustamos las tarifas a los verdaderos costos, entonces habría una reducción significativa de los subsidios.

Ahora, para el resto de los usuarios residenciales se establece una fórmula de actualización que se encuentra desacompasada en el tiempo.

La ley 27.443 fue sancionada por el Congreso de la Nación en el año 2018, declaró la emergencia tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2019. Fue una ley que se generó a partir de los tarifazos que Macri aplicó a los servicios públicos desde 2016. Fue un intento por morigerar los perniciosos efectos de las tarifas impagables sobre las y los usuarios residenciales. Incluso se estableció en la norma un crédito a favor de los usuarios por diferencia entre lo efectivamente pagado por los servicios y el monto actualizado por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Esa norma transitoria, finalizaría el 31 de diciembre de 2019. No es necesario abundar demasiado para recordar los años macristas donde los salarios fueron a la baja, que perdieron en términos reales casi una cuarta parte durante dicho cuatrenio. De allí que la aplicación de dicha variable para ajustar las tarifas venía a poner freno a los tarifazos que, a la finalización del mandato de Macri, se encontraron por encima del 3000%, como se dijo más arriba.

Dicha norma fue dictada en un momento histórico determinado, que buscaba morigerar los efectos perniciosos de los aumentos tarifarios sobre la población.

Aquel momento histórico no es este. No resulta posible, en atención a la realidad social que vive la población, actualizar en el 2022/2023 las tarifas de los servicios públicos para los usuarios residenciales en el orden del 42,72% y de los beneficiarios de tarifa social en un 21,36%.

Seguirá generando expectativas inflacionarias a las ya actualmente existentes. Según la última medición del Indec, en el primer semestre del 2021 el 40,6% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza6. Con estos guarismos, no hay capacidad social para absorber aumentos tarifarios como los proyectados. Y la norma invocada para fijar la fórmula de dichas actualizaciones fue pensada para morigerar los efectos de dichos aumentos, no para potenciarlos.

Por eso, insistimos, se pretende aplicar a destiempo una ley que hubiera resultado de gran alivio para la sociedad en el momento de su sanción, que lamentablemente el veto de Macri lo impidió.

En el Memorando Técnico de Entendimiento se puede leer, dentro del capítulo “Otras definiciones relevantes para la condicionalidad del programa”:

6 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-46

“39. Monitoreo: Se remitirán al FMI datos del número estimado de usuarios para cada categoría de usuarios, según se detalla más arriba, y los valores observados del PEST y PIST (también para cada una de las categorías de usuarios).”

El corolario del capítulo de la energía, finalmente, es éste: la remisión al FMI de toda la información de usuarios y de tarifas. Pareciera que el lugar de la audiencia pública ha pasado a ser Washington. Ahora la audiencia pública para definir las tarifas de los servicios públicos será con el staff del FMI.

En el punto 22, dicen que continuarán aplicando una política monetaria prudente y proactiva. Agregan que al determinar la tasa de interés real se tendrán en cuenta indicadores coincidentes y prospectivos de la inflación que se actualizarán mensualmente en comunicación con el personal del FMI.

Este es un tema crucial, ya que hoy vimos que la inflación de febrero 22 fue de 4,7% y la interanual es de 52%, ¿eso quiere decir que para las Mipymes y las empresas que dan trabajo o contribuyen al crecimiento de nuestro pueblo y las familias que paguen sus tarjetas de crédito, tendrán financiamiento mayor al 52%?, ¿No se continuarán con las políticas de subsidios de tasas a valores menores que la inflación para no interrumpir el desarrollo o crecimiento de estas pymes? Si es así, esta película la vimos hace poco, hace como cuatro años, sin pandemia y sin guerras mundiales cerraban miles y miles de pymes por no poder afrontar, en parte, la carga de sus deudas a tasas usurarias que llegaban al 120%.

El punto 24, sobre las leliqs, sostiene que utilizarán el instrumento como política de esterilización, pero no dicen de qué manera irán disminuyéndolos. No indica si pondrán o no parte de estos fondos que hoy ganan tasas reales favorables y sin ningún riesgo en pos de ofertar créditos hipotecarios y/o prendarios que no sean los fracasos de los UVA.

En el punto 26, continúan reforzando la eficacia y equidad de nuestro régimen de gestión de flujo de capital. En este punto hablan de mejorar la transparencia y supervisión. Una herramienta posible es derogar la mera declaración a título estadístico de los pasivos y volver a la obligatoriedad que se impuso en el 2004 que duró hasta fines del 2016, cuando el macrismo lo cambió.

Ello es necesario, pero también deben implementarse medidas, insistimos, de coordinación con otras áreas, para supervisar, analizar la trazabilidad de los ingresos y egresos de divisas, de empresas de comercio exterior, sub y sobre facturación de exportaciones e importaciones, respectivamente, préstamos entre partes vinculadas, entre otras maniobras que alteren las reservas del Banco Central y en definitiva, apunten a controlar la fuga de capitales.

La posibilidad de penalizar la fuga o formación de activos externos de capital, en el régimen penal cambiario y tributario; y de agilizar los procesos sumariales que efectúa el BCRA, por la falta de liquidación de divisas en el MULC. Sumarios que duermen en el sueño de los justos, sin efectos devolutivos que los concienticen en actuar conforme dicte la ley o la normativa cambiaria del país.

En relación a los flujos de capitales especulativos, los valores de las acciones de los bancos sí van a subir, porque con la tasa de interés que les vamos a dar van a ganar mucha más plata. Dólar planchado y tasa de interés por las nubes. Es la vuelta de la bicicleta financiera.

Ya que estamos, en el punto 27, se acuerda que para diciembre de 2022 se va a revisar el control sobre los flujos de capitales con vistas a relajar gradualmente las medidas de gestión vigentes. Solo entre mayo de 2018 y fines de 2019 hubo 45.000 millones de dólares de formación de activos externos, o sea, fuga. Es como si no aprendiéramos nada.

En el marco de las políticas monetarias y cambiarias, que se esbozan en el punto 28, se realizará un análisis integral del BCRA y que se basará en las recomendaciones de la evaluación de salvarguardias del FMI para mejorar –supuestamente- la posición financiera de la institución.

¿Por qué tendríamos que confiar ahora en las recomendaciones que nos puede hacer el Staff del FMI? Según los reglamentos del FMI está allí prevista la imposibilidad de pagar en más plazo. Nos dicen que es contra el reglamento del Fondo acordar un plazo mayor de 10 años para el repago del previsto en el Acuerdo de Facilidades Extendidas.

Pero resulta que también era contrario a los reglamentos el préstamo que le dieron a Macri, que representaba 1277 % de la cuota de la REPÚBLICA ARGENTINA en el Organismo, a devolver en 36 meses. ¡Diez por ciento del PBI nos prestaron! A fines de 2019, el préstamo otorgado a Argentina representaba el 47,6% de la cartera del FMI. Lo dijo la propia auditoría que encargó el FMI en sus conclusiones.

Macri debió haber renegociado la propia deuda que había emitido, poner un cepo y tener un plan antiinflacionario. Nada. Fuga de capitales y suba meteórica de la pobreza. Muchos prefieren no acordarse, pero Macri reintrodujo el control de capitales por el DNU 609/2019, después de perder las elecciones. Si no lo hacía no llegaba al 10 de diciembre. Las reservas del BCRA hubieran quedado en 0. En conclusión, tenemos muchas dudas sobre las recomendaciones que pueda llegar a hacer el FMI al respecto de la balanza de pagos que administra el BCRA.

Una pequeña de reflexión: No existen los errores de cálculo o excesos de optimismo.

Los programas con el FMI se venden asociados a la generación de confianza y demás,

pero nadie puede olvidarse del blindaje de De la Rua, o el enamoramiento de Macri con Lagarde.

En general son eufemismos para facilitar la fuga y la salida de los inversores especulativos del país. Los dólares que entran por los préstamos terminan funcionando como un subsidio, dólares baratos para los capitales financieros que quieren salir. Cuando se va el ultimo cierran el grifo o se devalúa, y son los argentinos los que se quedan sin dólares para producir, para generar empleo.

Por otra parte, en el punto 29 y siguientes relatan sobre las políticas de crecimiento y resiliencia, proponiendo expandir las exportaciones, el empleo formal y otras medidas. Sin embargo, el cronograma de pagos es inviable.

Mientras tanto, nuestros bonos siguen valiendo un 30 % de su valor nominal. No hay euforia en los mercados. ¿Por qué? Si acordamos con los acreedores privados y ahora lo hacemos con el FMI, ¿Nos integramos al mundo? ¿Qué pasa? La respuesta es que desde el 2026 hasta el 2032 tenemos un calendario de pagos, promedio, de 20.000 millones de dólares.

Y eso porque, no solo no se acordaron quitas de capital de la deuda que tomó y fugo el gobierno de Macri por 86.000 millones de dólares, sino porque los plazos de repago siguen siendo tan difíciles en cinco años como ahora. Es decir, así como no se podía pagar la deuda privada y la del fondo en 2021–2023, tampoco se puede pagar en 2028, por eso los precios de los bonos siguen incluyendo una probabilidad de default del 90%.

Y con esos valores no hay chances de refinanciar esa deuda vía el mercado voluntario. Vale decir que tampoco está, entre la información que se envió al Congreso para tratar este proyecto, información sobre esos repagos y condiciones, lo cual es llamativo.

Y por otra parte, hoy estamos ante exportaciones récord, y así todo la balanza de pagos, no demuestra ni se acerca a los 20.000 Millones de dólares que deberemos pagar por año desde el 2026.

En el punto 31. Exponen que garantizarán el cumplimiento de normas internacionales contra el Lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿qué colaboración dará tanto el FMI como otros organismos internacionales para la detección de los miles de millones de dólares que poseen los residentes en el exterior sin declarar y que posiblemente sean fruto de la evasión fiscal y el lavado de activos?

Sabemos que el fisco implementó normas sobre la declaración de los beneficiarios finales, pero evidentemente no alcanzan las medidas ya que el circuito e ingeniería tributaria y contable que diseñan los lavadores es sumamente difícil y complejo detectar.

21 Final: Sincericidio

Para finalizar, permítame traer a colación el punto 33 en donde existe un sinceramiento sobre la dependencia que tendremos ante el FMI, afirmando que este memorando tiene establecido las políticas a seguir, pero ante cualquier inconveniente consultaremos con el FMI sobre la adopción de estas y otras medidas y en forma previa a cualquier revisión a las medidas contenidas.

Por último, debemos -entre todos los argentinos y argentinas- definir de dónde va a salir la plata para pagar los 45.000 millones más los intereses y sobre cargos que posiblemente alcancen la suma de casi 58.000 Millones de Dólares. Previendo que este acuerdo se va a poner en práctica, esperamos que el mayor peso del esfuerzo no recaiga en los sectores más postergados, en los jubilados, en la clase media, en los trabajadores que cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza.

En la Argentina hay sectores privilegiados que ganaron con el programa económico de Macri, que además ganaron mucho dinero durante la pandemia y que incluso están ganando más con los precios ajustados producto del conflicto en Ucrania.

En definitiva, hay que ir a buscar allí los fondos necesarios para cubrir los compromisos que, desde ya, anticipo que no van a poder cumplirse ni siquiera cuando la recaudación crezca como se prevé en el memorando.

En nuestro país, según lo informa el INDEC existen casi 300.000 Millones de Dólares de residentes argentinos fuera del sistema fiscal y sin declarar. Es hora que dejemos de lado los análisis técnicos de expertos en finanzas y economía, informes de relevamiento, visitas del Staff a nuestro país… y pongamos toda la fuerza en localizar todo o una parte de los dólares que se han sido producto de ganancias obtenidas en nuestro país, y que se encuentran fuera del sistema y sin declarar.

El FMI, luego de la simpleza y liviandad con la que actúo al otorgar el préstamo, sea colaborador de la Argentina y coopere para la captación de dichos fondos.

En conclusión, estamos ante la presencia de documentos con un memorando en donde se detallan políticas económicas, sociales, financieras, fiscales y cambiarias en donde si el FMI lo desea, puede en cinco minutos, cambiar absolutamente todo y dejarnos sometidos a su propia voluntad.

Podríamos haber redactado un proyecto de un solo artículo que diga: “Estas son nuestras propuestas para los próximos 10 años, si al FMI no le gustan, adoptamos las medidas que ellos deseen imponer”.